El Registro Público de Comercio (RPC) no encuentra su lugar en los Tribunales provinciales, pese a que lleva casi un siglo y medio funcionando como organismo auxiliar del Poder Judicial. Por 11 mudanzas pasó en los últimos ocho años; algunas veces, su staff (cinco empleados y dos funcionarios) se enteró del traslado con apenas una hora de anticipación. Los que tienen la memoria menos cansada recuerdan el estrés de salir corriendo detrás de protocolos y ficheros, porque si una sola de esas veneradas fichas de papel se caía en el camino, ¿cómo recuperar la información perdida?

La precaria informatización es el talón de Aquiles del RPC: nunca tuvo un programa de gestión apropiado para la cincuentena de trámites que canaliza, pese a que hubo varios intentos de subsanar el atraso tecnológico. En 2002, la secretaria Cristina Márquez de Robin promovió una modernización fundada en la experiencia de Corrientes. En aquel momento, Tribunales empezaba a pensar(se) en términos digitales, pero la propuesta fracasó. "No por animosidad, sino porque nadie sabe para qué sirve este organismo", afirma Márquez con justificada resignación. Y desafía a LA GACETA: "no exagero. Preguntá aquí, en el Palacio de Justicia, y después contame".

Como las respuestas mudas no caben en el diario, mejor zanjar el reto precisando que el RPC lleva la matrícula de los comerciantes e inscribe todos los documentos cuya publicidad es exigida por la ley mercantil. Las vicisitudes de las sociedades que operan en la provincia pasan por ahí, desde su nacimiento hasta su extinción. De este Registro de cuatro habitaciones pequeñas -con sede en el mismo piso que la Corte Suprema- depende (al menos burocráticamente hablando) que las inversiones tengan la alfombra roja mil veces prometida por el gobernador, José Alperovich.

Con voluntad no alcanza

Pero en vez de un tejido solemne para sus codiciadas pisadas, los inversores encuentran un RPC digno de Pedro Picapiedra, que, amén de carecer de la informatización apropiada para su labor y siglo, padece el colapso y las acefalías tribunalicios (está a cargo -en forma anual y rotativa- de los ocho jueces en lo Civil y Comercial Común; como en el período en curso le tocaba a un juzgado acéfalo -el de la III Nominación-, la titularidad del Registro cae accesoriamente sobre los magistrados subrogantes que, cada 15 días, atienden los asuntos de aquel despacho).

Las dificultades operativas del organismo complican especialmente a los asesores contables. A comienzos de este año, las autoridades del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas trasladaron la inquietud a Antonio Estofán, presidente de la Corte, a quien pidieron una solución para las demoras de los trámites -las rúbricas de libros societarios son especialmente fatigantes- y para los inconvenientes en el acceso a la información que administra el RPC.

"Todo ello sin perjuicio de destacar especialmente la buena voluntad, la eficiencia y la especialización del personal del Registro, sobre todo de su secretaria", enfatiza el contador Abelardo García, vicepresidente de la entidad, que fantasea con la posibilidad de un Registro on line acorde con la velocidad que requieren las empresas y los negocios. "También por una cuestión de seguridad jurídica y de imagen: el empresario que quiere invertir aquí se lleva una impresión pésima de la Justicia", opina el directivo, que comenta que Estofán les pidió que presentasen sus ideas por escrito y nunca más volvieron a conversar del asunto.

El Colegio había hecho la misma petición hace exactamente un lustro. Incluso presentó un proyecto para crear el juez del RPC, y desdoblar las secretarías en un área contable y otra jurídica. La iniciativa tenía el apoyo de Alfredo Dato, entonces presidente de la Corte, y del todavía ministro de Economía y contador, Jorge Jiménez, que llegó a confirmar a este diario que el presupuesto de 2006 incluía una partida de $256.000 para poner en marcha el despacho.

"No recuerdo por qué se dejó pendiente. Quizá no era prioritario o parecía excesivo poner un juez para el Registro. Después vino la reforma constitucional que cambió el sistema de designación de magistrados. El organismo se vivía como una carga de trabajo", insinúa Dato, que en 2007 se convirtió en diputado nacional por el Partido Justicialista.

Sin agenda

Poco ha cambiado la percepción de la cabeza de la Justicia respecto del RPC. Estofán, que también lo ve como un peso, considera que la mejor opción es alinear a Tucumán con la tendencia nacional que promueve la fusión del organismo con la Dirección de Personas Jurídicas (depende del Poder Ejecutivo), institución que controla las sociedades por acciones, y las asociaciones y fundaciones. "Es lo mejor, sobre todo para mis jueces. Ni siquiera genera ingresos para pagar los gastos de recursos humanos", define el presidente, que, si bien no tiene un plazo definido para concretar la decisión, desliza que esta ya goza de la anuencia de la Corte y de los otros dos poderes.

Incidencia gigante

La salida de la fusión había sido planteada antes: en el pasado no prosperó porque, entre otras razones, agiganta la incidencia de la política sobre la delicada tarea de control de las empresas y el tráfico comercial. "Al menos así, en la órbita judicial, el RPC participa de la independencia que la Constitución concede a los magistrados", postula un funcionario en desacuerdo con la moción de Estofán. En 2009, el Registro recaudó $355.000 y $273.000 hasta agosto de 2010, según fuentes judiciales.

Pero la informatización no puede estar supeditada a los tiempos de aquel plan, sobre todo porque, si el traslado del RPC al Poder Ejecutivo se concreta, este será más llevadero (para empleados y ciudadanos) con un programa de gestión en ejecución. El presidente de la Corte asegura que el "software" está listo, pero que no es sencillo armar la base de datos. El 31 de agosto, en presencia de LA GACETA, Estofán llamó por teléfono al ingeniero Fabián Ríos, director de la Oficina de Sistemas del Poder Judicial, y le dijo: "me van a matar a mí. Elaborá ya mismo el proyecto de acordada, que la gente venga por la tarde a volcar la información".

Un mes después, la mentada ordenanza no ha sido notificada al personal del Registro ni publicada en el portal oficial de la Justicia. Algunos técnicos visitaron el organismo, solicitaron información, estudiaron las fichas manuales, pero no regresaron con ninguna propuesta concreta. Pese a las promesas y los múltiples intereses comprometidos en su buen funcionamiento, el RPC sigue tan vetusto y postergado como de costumbre. Y en su horizonte, hay otra mudanza, esta vez con "adiós" a los Tribunales que le dieron la espalda.