ECONOMíA PASA POR AHí.- Un contador que lucha desde hace más de una década por la modernización del Registro Público de Comercio (RPC) advierte que toda la actividad económica de la provincia pasa por ahí. "Ya ni siquiera es una cuestión de costos, porque el ?software? está libre de licencias. El Colegio de Graduados en Ciencias Económicas hasta se ofreció a proveerlo", reprocha el profesional.
SI DA SERVICIOS, GANARA DINERO.- Aunque Antonio Estofán, presidente de la Corte, asevera que el RPC no genera recursos económicos ni para pagar los sueldos, el vicepresidente del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, Abelardo Castillo, considera que, con la informatización, el Registro puede convertirse en una fuente de ingresos para el Estado. "Si da buenos servicios, los ciudadanos pagarán encantados el arancel que corresponda", propone.
CERO REGLAMENTACIóN.- La Corte Suprema nunca ejerció la facultad de reglamentar los procedimientos del RPC pese a que dicha potestad está acordada en la Ley Orgánica de Tribunales. "Nos regimos por el uso y la costumbre. A comienzos de esta década, una funcionaria elevó un proyecto de reglamentación que tenía el respaldo de los ochos jueces civiles, pero la iniciativa murió en la Corte", explica una empleada desde el anonimato.
SIN SEDE EN EL INTERIOR.- Una hipotética informatización del RPC que incluyese la posibilidad de iniciar ciertos trámites por internet aliviaría también la situación de los empresarios y socios del interior, que están obligados a viajar a San Miguel de Tucumán cada vez que deben dar publicidad a los documentos vinculados con la sociedad.