Es, por cierto, una de las grandes calamidades de nuestro tiempo. Su escala es ascendente. Golpea principalmente a los adolescentes y jóvenes. Hace tiempo que la droga ha echado raíces en Tucumán; dejó de ser un lugar de tránsito para convertirse en uno de consumo. Esta realidad tampoco es propia de la capital, también se extendió a otras ciudades del interior. En setiembre se produjeron hechos que sacudieron la habitual modorra de nuestra sociedad.

En Tafí Viejo, un grupo de madres de chicos drogadictos efectuaron una marcha del silencio en contra "de los delincuentes asesinos que venden drogas" que contó con el apoyo expreso de la Municipalidad. Como consecuencia del apoyo brindado, el intendente de la urbe ferroviaria recibió un mensaje mafioso de parte de un grupo de delincuentes que ingresó a su casa paterna y revolvió todo, llevándose papeles sin valor.

A mediados del mes de la primavera, un juez federal ordenó allanar la comisaría de El Manantial donde, de acuerdo con distintas pruebas recogidas por los investigadores, algunos presos proveían drogas a los vecinos con la connivencia de la Policía. El hecho causó escozor en la institución policial: 23 policías, entre agentes rasos y un comisario general fueron puestos en disponibilidad, retirados o trasladados.

A comienzos de septiembre, en Juan Bautista Alberdi, fueron detenidos vendedores de estupefacientes. Su osadía fue tal que habían instalado sus provedurías junto a edificios municipales. Incluso, uno de los "quioscos" funcionaba frente a la plaza principal, a metros de la comisaría.

Los hechos despertaron aún mayor preocupación cuando el intendente de Simoca denunció que los desmanes públicos, los robos y el consumo de alcohol y de drogas, se habían vuelto cotidianos en su ciudad. Afirmó que la situación se agravaba por la falta de personal en la comisaría local. La inseguridad había llegado a tal extremo -según manifestó- que él mismo tuvo que pedir protección policial para su domicilio debido a amenazas anónimas que había recibido contra su persona. La consternación fue todavía mayor cuando se conoció el suicidio del comisario simoqueño. El jefe municipal dijo que este se sentía abrumado por los problemas de inseguridad y que recibía constantes presiones.

El párroco declaró que la droga está instalada en este pueblo desde hace tiempo y que la venta y el consumo aumentaron notablemente. "La cuestión, ahora, es enfrentar el flagelo con decisión y con el compromiso de toda la sociedad". En su homilía del 24 de septiembre, fecha en se recordó el 198 aniversario de la Batalla de Tucumán, el arzobispo Héctor Luis Villalba, reclamó una política de Estado para la lucha contra las adicciones. "En mis recorridos por la arquidiócesis recojo el eco doloroso de muchas familias cuyos hijos quedaron atrapados por los efectos de la droga, y sus secuelas de muerte y destrucción", señaló el prelado.

No se puede decir que no se hace nada desde el gobierno. Este año se han multiplicado los operativos En julio pasado, se informó que 167 personas había sido detenidas en los primeros seis meses, acusadas de venta de estupefacientes. En ese lapso, la Justicia Federal había ordenado 75 allanamientos llevados a cabo por la Policía local en toda la provincia. Se estima que son más de 3.000 las personas que en Tucumán se dedican a vender droga.

En otras oportunidades, hemos señalado que el combate contra la droga no es un asunto que le competa únicamente a la Policía. Es necesaria una política de Estado, en la que intervengan las carteras de Educación y de Salud, de Deportes, de Cultura, así como instituciones civiles. Se trata de concientizar a la sociedad de que debe cuidar a sus jóvenes porque ellos son nuestro futuro.