Un balde de agua fría cayó sobre el Gobierno en agosto, cuando el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ratificó la condena por U$S 170 millones, por la revocatoria de la concesión de agua potable y cloacas a la Compañía Aguas del Aconquija.
Meses después, el golpe helado lo recibirán 250.000 usuarios del servicio que brinda la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), que deberán pagar un 15% más en sus facturas, aparte del 12% vigente desde enero pasado. Acumulados, llega al 28,8% para 2010 (el incremento anunciado ahora involucra porcentualmente al de principios de año). Es indiferente que la primera boleta se deba pagar a fines de este año o a principios del otro: en los hechos, da lo mismo porque el bolsillo es uno solo.
El porcentaje dispuesto es, en sí mismo, un ejemplo de la política real que se aplica desde el Gobierno. El monto del incremento responde a la inflación del supermercado, tal como dijo Hugo Moyano, y no a la del desprestigiado Indec. Ante las facturas de los insumos que debe pagar la SAT para colocar la red domiciliaria o las cloacas (en especial en barrios relegados que votarán mayoritariamente por quien instaló el grifo), quedan en el olvido los discursos oficiales sobre la evolución de los precios.
Bomberos
El principal problema de disponer esta clase de aumentos no es alcanzar el equilibrio de una empresa que podría ser deficitaria, según reconoció el propio José Alperovich, sino que abre indirectamente la puerta a los reclamos salariales de los trabajadores estatales, que no recibieron una mejora en sus haberes del mismo porcentaje del que beneficiará a la SAT.
La habitual renegociación de sueldos de cada comienzo de año, a partir de marzo (tras las vacaciones), es un horizonte bastante lejano cuando los pedidos de las bases de respuestas más cercanas en el tiempo se están multiplicando. Los bomberos oficiales del Gobierno deberían estar revisando las mangueras para apagar el fuego; eso sí, con el agua más cara.