Un reclamo recurrente de los empresarios de nuestra provincia se orienta a que el Estado reduzca la presión fiscal al sector privado. El planteo, que suele no ocupar lugares privilegiados en las agendas de los responsables de la recaudación nacional, provincial o municipal, se agudizó en los últimos tiempos.
Hace poco, la Fundación del Tucumán realizó un relevamiento entre ejecutivos del sector público, privado y de las ONG. El Estudio determinó que el 39% de los consultados considera que en la provincia la presión fiscal es excesivamente elevada. El presidente de la Fundación del Tucumán, José Manuel García González, opinó que el sistema impositivo nacional merece una urgente modernización que le otorgue previsibilidad. "Debe haber un sistema político creíble, confiable, que genere ganas de invertir", dijo el dirigente empresario a LA GACETA.
El presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), Raúl Robín, también sostuvo que hay demasiada presión impositiva por parte del Estado, municipal, provincial o nacional. "Hacen falta políticas de Estado con respecto a las PyME, que las alivie y les permita funcionar, invertir y tomar mano de obra", subrayó a nuestro diario.
Más allá de las quejas, la economía argentina exhibe signos de fortaleza y sólo la lucha política parecería en condiciones de afectarla seriamente. La mayor recaudación impositiva, sumada al uso del dinero del sistema previsional y las utilidades del Banco Central le permitió al Gobierno central mostrar buenos números en la primera parte del año y hacer crecer el gasto público a un ritmo del 30%. En este contexto, la presión oficial sobre las empresas, para cobrar impuestos por anticipado, por ejemplo, no ayuda a serenar las aguas. El proyecto impulsado por el diputado nacional kirchnerista Héctor Recalde para que los empleados participen de las ganancias de las compañías también suma desconfianzas en el sector privado.
A otras provincias
La industria en general se ha visto beneficiada por la tendencia positiva de la economía nacional. El presidente de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), Felipe Salas, admitió que, en función de las expectativas, 2010 fue un año bueno, en general, para el sector manufacturero de la provincia, pese a la fuerte suba de costos que recayó en la actividad, en especial a partir de que se pactaron incrementos salariales del orden del 40%. Sin embargo, el agobio fiscal parece no dejar lugar para festejos demasiado extendidos. "La presión impositiva de nuestra provincia ahuyenta a los inversores. Un industrial se plantea si va a reinvertir en Tucumán o si se va a provincias vecinas que dan mejores beneficios impositivos", se sinceró el dirigente días atrás ante nuestro diario.
Desde el Gobierno tucumano se defiende a capa y espada la política tributaria provincial. El ministro de Economía, Jorge Jiménez, remarcó que en Tucumán no hay mayor presión impositiva, simplemente porque no hubo incremento en los impuestos (aunque sí en las valuaciones de las propiedades, lo que en la práctica implica un mayor costo impositivo). "Lo que sí existe es un mayor control en el pago de los impuestos", precisó Jiménez.
El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), sostiene que el Estado obliga a quienes invierten a que tributen seis veces antes de comenzar a trabajar, incluso a riesgo de que la actividad sufra el impacto de algún factor negativo y deje en bancarrota al emprendedor. Por su parte, el proceso de venta y el acceso a la rentabilidad afrontan sólo tres gravámenes: IVA, Ingresos Brutos, y el Impuesto a las Ganancias, que suman el 38,6% del Presupuesto anual. Idesa sostiene que la Argentina tiene que eliminar gravámenes y basarse más en el Impuesto a las Ganancias, dado que este aporta sólo el 15,6% de la recaudación y es el tributo más progresivo.
Para colmo, las perspectivas apuntan a que crezca la presión tributaria. Según Idesa, para el año que viene se proyecta que la presión impositiva alcance al 35% del Producto Bruto Interno (PBI). "Si a estas estimaciones se le agregan los impuestos municipales y los recursos que obtiene el Estado a través de la inflación, por la pérdida de valor que sufre la moneda como consecuencia del aumento de los precios, se llega a que en 2011 la presión impositiva se ubicará en el orden del 40%", destaca la consultora. "El sacrificio se concentra en las familias más pobres al apelar a tributos altamente regresivos como el impuesto inflacionario y las cargas sociales", remarca Idesa.