"De ser cierto, se trata de una conducta inadmisible de un tribunal superior de Justicia". Por medio de estos duros términos, el presidente del Colegio de Abogados de la capital, Eudoro Aráoz, se quejó ayer de que todos o algunos de los vocales de la Corte Suprema hayan prestado su consentimiento a un polémico proyecto de ley. Se trata de la iniciativa que promueve la modificación del destino de los fondos depositados en cuentas judiciales, que actualmente son administrados -para su financiamiento- por la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores.

El dirigente no ocultó su molestia. "Según el legislador Carlos Canevaro, promotor de la iniciativa, la Corte consensuó con ellos este proyecto, lo que implica que hubo diálogos para acordar la transferencia y el uso de fondos que, en estos momentos corresponden a nuestra caja. Es gravísimo que hayan estado negociando a espaldas del Colegio de Abogados, que es un órgano auxiliar de la Justicia y el primer defensor de la independencia judicial cuando ella está en peligro", afirmó a LA GACETA.

Aráoz volvió a la carga. "Esto es más grave, sobre todo porque la Caja ha iniciado una acción judicial contra el Banco del Tucumán por esos fondos. Entonces, queremos saber si todos los miembros de la Corte están de acuerdo con esto o sólo algunos vocales", manifestó.

El régimen vigente prevé que, una vez que hayan cumplidos tres años sin movimiento, las cuentas intervenidas por la Justicia sean administradas por la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores, que puede depositarlas en plazo fijo. La entidad se transforma en usufractuaria de los fondos hasta que una sentencia defina el destino de los dineros.

En cambio, Canevaro (alperovichista acoplado mediante Unión Norte Grande) propicia que el Banco del Tucumán maneje los depósitos durante cinco años, para que luego pasen a la Corte Suprema de Justicia.

Sesión extraordinaria
Ayer, durante una sesión extraordinaria, el Colegio de Abogados se declaró en estado de alerta y movilización. Asimismo, la entidad "rechaza cualquier tratamiento de leyes que vulneren instituciones ligadas a la abogacía sin que se realicen las consultas pertinentes a ellas".

Asimismo, convinieron que coordinarán con la Caja (la preside Pedro Yane Mana) "todas las acciones necesarias para afrontar esta situación crítica".