El concejal radical José Luis Avignone no ceja en su intento por lograr que la Justicia compela a la Legislatura a que sancione la ley que prevé el artículo 132 de la Constitución (reformada en 2006), de manera que los intendentes puedan convocar a una convención con el fin de que cada municipio cuente con su carta orgánica. La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en un fallo que fue confirmado por la Corte Suprema, no hizo lugar a la acción que había intentado el edil. Los jueces consideraron que la mera condición de ciudadano esgrimida por Avignone no lo legitimaba para promover la causa. Como consecuencia, el concejal se dirigió al defensor del Pueblo, Daniel Posse, para que, en defensa de los intereses colectivos en juego, concrete "las gestiones administrativas o judiciales para que se cumpla la Constitución, lo que redundaría en el pleno ejercicio de los derechos de los vecinos de los municipios de la provincia".