BUENOS AIRES.- Un nuevo round protagonizaron ayer, por separado, los representantes de la industria y de la CGT en torno del proyecto que propicia el reparto de parte de las ganancias de la empresa entre los trabajadores. El secretario de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio De Mendiguren, afirmó ayer que la redistribución del ingreso nacional, con una participación de 50% por parte de los trabajadores, "está en la Constitución Nacional". Pero también dobló la apuesta: en la Carta Magna "también está el derecho a una jubilación mínima del 82% móvil (del salario más bajo fijado por ley) y a una libre afiliación sindical que deberían instrumentarse". Además, aseguró que "si el conjunto de la fuerza laboral de la Argentina percibiera el salario que reciben los trabajadores industriales formales, el porcentaje de participación salarial en el PBI ascendería a 70%".
Por lo tanto, señaló que "el problema no está en el sector industrial". "La Unión Industrial Argentina tiene como objetivo que el salario tenga la participación de 50% en el ingreso nacional. El tema es cómo se hace y en qué momento", subrayó.
Por otra parte, aseguró que "la redistribución del ingreso siempre fue el objetivo: una Argentina con una participación de 50% del salario en el ingreso nacional". Sin embargo, indicó que una posibilidad de este tipo, como la que impulsa la CGT a través del diputado nacional Héctor Recalde, "se debe tratar como un tema importante, de largo plazo, en una mesa de consenso".
Remarcó que "desde 2004, junto a la CGT se viene planteando la conformación del Consejo Económico y Social para discutir esto junto con darle previsibilidad a la puja distributiva".
Tras las elecciones
Recalde, por su parte, estimó que de aprobarse el proyecto de distribuir parte de las ganancias de las empresas entre los trabajadores, comenzaría a compartir dividendos recién a partir de 2012. Tras señalar que el proyecto "atrae y alienta inversiones", Recalde confirmó que aunque originalmente la división de utilidades se daría en las empresas de más de 300 empleados, finalmente se estableció contemplar también las ganancias de cada una más allá de la cantidad de trabajadores.
"No es cierto que es una ley antiempresa, al contrario, si el trabajador sabe que gana va a querer que gane mas", afirmó el abogado de la CGT. En cuanto al corte a partir del cual una empresa será considerada o no dentro de la Ley, indicó que será "a partir de 300 trabajadores en una primera etapa". No obstante, confirmó la conformación de un "consejo tripartito que va a definir las ganancias también", integrado por "cuatro representantes del Estado, cuatro de los empleadores y cuatro de los trabajadores, que va a atender a situaciones de asimetrías regionales y las estructuras de costos".
Este consejo va a determinar "a partir de qué porcentaje de las ganancias se participa a los trabajadores", es decir que todas las empresas con mas de 300 empleados caerían bajo los términos de la ley, pero también aquellas que sean consideradas con ganancias extraordinarias. "Los primeros que han hecho críticas serán los primeros invitados, la UIA", adelantó. (DyN-NA)