Desde el principio, comprendió que tenía una bomba en las manos. No todos los días se filma a un preso que supuestamente vende drogas desde la puerta de una comisaría.

Aunque se podría haber guardado el video, la mujer actuó con coraje. En su casa de El Manantial escribió una carta, enumerando una lista de denuncias contra los policías de su ciudad. Dobló el papel y decidió que esa misiva debía llegar, a cualquier costo, a manos de las autoridades.

"El 31 de agosto fui al Ministerio de Seguridad (ubicado en esquina de Laprida y San Martín) y dejé la nota. Ahí conté todo lo que sabía y me dijeron que hiciera la denuncia en la (base de la) zona II, en Lules", le dijo a LA GACETA la testigo clave en la causa sobre presunto narcotráfico en la comisaría. Además, dijo que tres días después le llegó una citación de la Policía. "Pretendían que fuera a declarar un viernes a las 11 de la noche. Por supuesto, yo no me moví de mi casa. Al día siguiente me buscaron tres agentes. Ahí sí fui, pero en colectivo", indicó, preocupada por la situación que está viviendo.

Presiones
El lunes, cuando testificó ante el juez federal Mario Racedo, la mujer dio detalles que dejaron preocupados a los investigadores. "A los policías (de la zona II de la Regional Oeste) les conté que tenía un video de (Cristian) Achén vendiendo drogas frente a la comisaría. Pero no llegué a mostrárselos, porque ellos querían que les dejara el celular. Si lo hacía, quizás el teléfono no aparecía más", comentó.

Eso no fue lo único que denunció la vecina de El Manantial. "Les hablé de todas las irregularidades que hay en esa comisaría. Mis hijos y yo cuidábamos las motos que estacionaban en la plaza los días de feria. Un día, los policías nos quisieron empezar a cobrar, como hacen con los feriantes, pero yo no acepté. Al final, uno de ellos terminó pegándole a mi hija. Hice la denuncia, pero ellos nunca enviaron la causa a Tribunales", aseguró en el juzgado.

La mujer afirma que haber realizado ese relato en la sede de la zona II de la Regional Oeste le costó muy caro. "Comenzaron a amenazarme constantemente. Achén les pagaba a los policías para moverse con libertad. Y cuando se enteró de que yo tenía un video suyo y una foto, empezó a gritar en la vereda que si aparecía algo de eso iba a dejar de poner plata", dijo.

El sábado, por orden de Racedo, Gendarmería allanó la comisaría de El Manantial. Llamativamente, antes que el "Escuadrón 55" llegó al destacamento el jefe de la Regional Oeste, comisario general Víctor Pacheco. El procedimiento dio resultado negativo, pero los investigadores sospechan que quizás hubo una "filtración" de información.

Al no haber encontrado drogas, Racedo deberá basar la pesquisa en otras evidencias. La declaración de la vecina que filmó el video es clave en el expediente. Ella no sólo admitió haber grabado todo, sino que también dio detalles sobre cómo supuestamente operaba Achén desde la comisaría. Debido a todo esto, Racedo ordenó que la mujer sea custodiada por gendarmes durante el tiempo que sea necesario.

A pericias
Mientras tanto, la filmación está siendo sometida a pericias. Los investigadores consideran que esta prueba es un firme indicio del presunto tráfico, pero saben que no alcanzaría para probar el supuesto delito en un eventual juicio oral.

En ese sentido, será crucial la intervención del fiscal federal, Emilio Ferrer, quien trabaja en el requerimiento de instrucción fiscal. En ese documento, el investigador podría solicitarle a Racedo diferentes medidas, como la declaración de los hermanos Achén.

Cuestión de plata
En la actualidad, hay cerca de medio centenar de procesados por narcotráfico alojados en comisarías de la capital y del interior. Según fuentes consultadas por LA GACETA, no eran trasladados al penal de Villa Urquiza porque desde la Nación no se estaban enviando fondos para sustentar su manutención. Incluso, Cristian Achén y su hermano, Fernando, fueron detenidos en octubre del año pasado, y desde entonces estaban presos en El Manantial y en la comisaría de Lules.

El lunes, debido a estos incidentes, se llegó a un arreglo. "Cada día, dentro de lo posible, se trasladará a cuatro presos por delitos federales a la cárcel", indicó una fuente policial.