La declaración de inembargabilidad de las cuentas públicas provinciales, municipales y comunales vencerá durante la primera quincena de octubre. Antes de ese plazo, el Gobierno debe tener un registro con la individualización de cada deuda y las correspondientes propuestas de pago a los acreedores. Al menos, es lo que argumentó el oficialismo en la sesión del 8 de julio, cuando se prorrogó por otros 100 días el blindaje al erario.
En ese contexto, la comisión de Hacienda se reunió ayer con funcionarios de la Secretaría de Hacienda. "El informe de los funcionarios sirve para conocer, en primera medida, el estado de las cuentas de la provincia y además poder brindar desde la Legislatura las herramientas necesarias para cumplir con las obligaciones del Estado y prever de los fondos para su funcionamiento", explicó el presidente de la comisión, José Alberto Cúneo Vergés (PJ).
En el artículo tercero de la Ley 8.228 se estableció el "Principio de la Previsibilidad de las Finanzas del Estado Provincial", en mérito al cual se debe determinar el monto máximo destinado en el presupuesto anual al pago de la deuda provincial. Paralelamente, el PE debe elaborar un registro con la individualización de cada deuda con sentencia firme, además de los requisitos a tener en cuenta para el pago (origen y antigüedad, entre otros).