Los referentes de dos ONG que agrupan a usuarios de servicios públicos realizaron ayer una presentación ante el Ministerio Público Fiscal. Edmundo Romano (Dusep), quien se inscribió como postulante a ombudsman y desistió de su postulación denunciando supuestas arbitrariedades por parte de los legisladores oficialistas, y Carlos Petersen (ACUA) le requirieron al ministro fiscal, Luis de Mitri, que arbitre los medios a fin de que no se concrete la designación del nuevo defensor del Pueblo.
"No debe materializarse otro acto de desinstitucionalización en nuestra provincia", clamaron en el escrito presentado ayer a las 10.
Los dirigentes sociales hicieron hincapié en que agotaron las instancias administrativas, puesto que plantearon en la Legislatura la impugnación al proceso de selección del próximo ombudsman. En la oportunidad, sostuvieron que no está reglamentado el proceso de selección de la terna, "lo que transforma ese acto en caprichoso y arbitrario". Precisamente, exigen criterios objetivos y normados acerca de la valoración de los antecedentes de cada inscripto.
Ni uno ni otro
Romano y Petersen también consignan en su planteo ante el Ministerio Público Fiscal que la Legislatura se comportó de manera contradictoria respecto de los planteos que ambos, por separado, efectuaron contra el mecanismo de selección del ombudsman.
El primero manifiesta que cuando objetó el sistema, le contestaron que al haberse inscripto ya había convalidado el mecanismo. El segundo puntualizó que cuando él efectuó sus cuestionamientos, le rechazaron el expediente aduciendo que, al no haberse inscripto, carecía de un interés objetivo que le diera legitimidad para efectuar el cuestionamiento. "La contradicción es evidente y lesiona la doctrina de los actos propios", aseveraron en el documento.