El concejal José Luis Avignone (UCR) no puede creer que el gobernador, José Alperovich, permita que varios funcionarios del Siprosa, involucrados en la presunta contratación irregular de la Fundación Salud (Funsal), permanezcan en sus cargos. "En otra época, por más que se contara con una mayoría absoluta en la Legislatura, este tema podría haberle costado el juicio político al gobernador", afirmó.
Ayer, LA GACETA dio cuenta de que concluida la ronda de declaraciones testimoniales, la investigación en torno del caso Funsal que lleva adelante la fiscala María de las Mercedes Carrizo apunta hacia el papel del ex secretario ejecutivo médico del Siprosa, Alberto Sabaj (actual subsecretario), y al director de Recursos Humanos, Daniel Alvarez Garmendia. Estos, según el Tribunal de Cuentas, fueron quienes acordaron la contratación a $ 800.000 de la fundación presidida por Héctor Silva Olivares.
"La responsabilidad es política de las principales autoridades. Por ello, debe alejarse todo el equipo del Siprosa, con el ministro Pablo Yedlin a la cabeza", dijo Avignone.