Se marcha, según afirma, con el orgullo de haber sido el primer titular de la Defensoría del Pueblo de Tucumán que culmina íntegramente su mandato. El viernes, Jorge García Mena finalizará su gestión como ombudsman provincial. La terna de la que saldrá su sucesor no lo incluye. Lo reemplazará el secretario de Derechos Humanos, Daniel Posse (cuenta con el aval del oficialismo), Javier Elía Salim (hijo del diputado Juan Salim) o Sylvia Liliana Liendo.

A horas de dejar su despacho, García Mena repasó su gestión al frente del organismo, que comenzó el 10 de setiembre de 2004. Según se desgrana del balance, el saldo es positivo, sobre todo debido a las condiciones en las que comenzó a funcionar. "Sólo cuatro computadoras y dos máquinas de escribir; escasa luz y pocas comodidades en un reducido espacio físico para atender a los ciudadanos. Pero había un gran espíritu de servicio por parte del personal; y me di cuenta de que había que trabajar sobre el elemento mas valioso, el recurso humano: se capacitó al personal con técnicas de contención y especialidades en materia ambiental, de salud, de derechos humanos, de servicios públicos, para estar a la altura de las problemáticas", dijo.

Además del hecho de haberse mudado del ex Banco Provincia de San Martín y Laprida al moderno edificio de Balcarce 64, García Mena destacó la presencia del organismo en los ámbitos nacional e internacional. "Hoy estamos entre la tres Defensorías más importantes del país, por cantidad de actuaciones, calidad de servicio, eventos realizados, publicación de trabajos. Ocupamos la vicepresidente de la Asociación de Defensores de la República Argentina; e integramos los consejos de la Federación Iberoamericana de Ombudsman y del Instituto Latinoamericano del Ombudsman", contó.

En lo que se refiere a la tarea diaria, el funcionario destacó el incremento de los expedientes que se atienden en la Defensoría. De acuerdo a cifras dichas por García Mena, en un quinquenio, las actuaciones anuales aumentaron un 864%. "De 1.400 en 2004 llegamos a 13.500 en 2.009, lo que refleja el grado de consulta por parte de la gente. Este crecimiento se debe a la confianza de los ciudadanos y a la resolución rápida y gratuita de sus problemas", indicó. Finalmente, destacó algunas de las actuaciones de su gestión


Aguas y cloacas
Se exhortó a la SAT a que se abstenga de usar medios coercitivos para incluir como deuda períodos prescritos. Se asesoró a los usuarios, por cobro excesivo de honorarios en juicios de la SAT. Se intervino por derrames cloacales, y para el control de potabilidad del agua en distintas zonas de la provincia.

Electricidad
Se pidió la nulidad de la aplicación de la fórmula por la que EDET actualizaba desde 1995 las tarifas eléctricas en perjuicio de los consumidores, y se logró su anulación en el Acta de Renegociación Integral. Se obtuvo la ampliación del límite de consumo (de 200 a 300 Kwb) para acceder a la tarifa social.

Seguridad vial
Se intervino por reparación de caminos rurales y rutas provinciales. Se tramitaron pasajes en transporte público de larga distancia para personas con capacidades especiales. Se evaluó el control de la inspección técnica en transportes escolares. Se brindó asistencia jurídica por "multas por radares".

Medioambiente
Se formó el comité de la cuenca Salí-Dulce. Se ejecutó el plan de reconversión industrial y se fiscaliza sus avances en ingenios, citrícolas y papeleras. Se investigó la calidad de las aguas de ríos. Se encomendó a la Universidad Nacional de Córdoba, con coste propio, la evaluación de la calidad del aire en Tucumán.

Salud y obra social
Se exhortó al PAMI a la provisión de prótesis y a la programación de cirugías. Se atendieron reclamos de personas con capacidades especiales por pase gratuito en transporte público. Se demandó al Subsidio de Salud la cobertura integral de personas con capacidades especiales y con tratamiento oncológico.

Derecho previsional
Se intervino ante la Anses por agilización de expedientes. Se efectuó un llamado en favor de la movilidad y porcentualidad jubilatoria. Se adhirió a la resolución de la Asociación de Defensores del Pueblo de la Argentina, que exhorta a los poderes a arbitrar las medidas para el reajuste de haberes conforme al caso "Badaro".