El abogado Luis Iriarte advirtió que en la reforma constitucional concretada en Tucumán en 1949 ya se había discutido sobre la necesidad de que hubiera un tribunal electoral independiente de las influencias y presiones políticas.
Iriarte recordó que, en 1949, el Tribunal Electoral fue integrado con "el presidente de la Corte Suprema, uno de sus vocales designado por sorteo y el ministro fiscal de alto tribunal". Agregó que el miembro informante de la mayoría, el justicialista Ramón Adrián Araujo, había esgrimido que se buscaba que "el juzgamiento de la voluntad popular expresada en las urnas sea hecha por tribunales de justicia en quienes se supone prescindencia política, probidad, capacidad e imparcialidad". En cambio, Iriarte dijo que la Junta Electoral, integrada desde la reforma constitucional de 2006 con el fiscal de Estado, el vicegobernador y el presidente de la Corte, "genera fundadas dudas sobre su imparcialidad".