En la agenda oficial del Gobierno de José Alperovich hay una cifra fabulosa escrita con rojo: U$S 170 millones. Ese es el monto que debe pagarse a la empresa francesa Vivendi, según el laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en el prolongado litigio que comenzó cuando la Provincia le rescindió en 1996 a Aguas del Aconquija (la explotaba Vivendi) la concesión del servicio público de agua y cloacas.
El asunto es "cuestión de Estado" para el alperovichismo. Ayer, el ministro de Economía de la Provincia, Jorge Jiménez, se reunió en Buenos Aires con el secretario de Hacienda de la nación, Juan Carlos Pezoa. Su objetivo es negociar la posibilidad de ampliar la refinanciación integral del pasivo público provincial (los vencimientos fueron reprogramados a 20 años) e incluir en ese paquete la nueva deuda.
Complementariamente, la Casa de Gobierno apuesta a ganar la mayor cantidad de tiempo posible. Lo que se buscará, como primera medida, es conseguir que el pago a los capitales europeos sea diferido, cuando menos, hasta el año que viene. Para ello, el Poder Ejecutivo local impulsa la posibilidad de que la Casa Rosada interponga un recurso de aclaratoria para que el Ciadi fije cómo debe ser pagado el laudo.