Durante muchos años, las empresas del Estado se constituyeron en el bolsón de empleo de los gobiernos de turno. Por ejemplo, en una época, en las campañas políticas se ofrecía a cambio del voto trabajo en el ferrocarril. Este, cuyo funcionamiento había sido eficiente, comenzó a hacer agua como consecuencia de los nuevos nombramientos. Llegó a tener miles de empleados que no eran necesarios y de ese modo, no sólo comenzó a dar pérdidas, sino que terminó colapsando hasta desaparecer en casi todo el país. Otro tanto ocurrió con Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Agua y Energía, Obras Sanitarias y Entel.

En tiempos más recientes y en el ámbito local, la Dirección Provincial de Obras Sanitarias llegó a ser en su momento una repartición de colocación de empleos como pago de compromisos políticos. Esta empresa estatal se tornó totalmente ineficiente, entre otras cosas, por la empleomanía. Difícilmente podía ser funcional si tenía muchísima más gente que la que se necesitaba y que además no hacía nada. En la década de los 90 fue privatizada, como sucedió con la mayoría de las empresas estatales durante las dos presidencias de Carlos Menem. Pero la vieja costumbre no desapareció. La administración pública siguió engrosando sus filas sin que, desde luego, se tradujera en notorios beneficios para el ciudadano común.

El domingo pasado publicamos un informe sobre las obras de cordón cuneta y de pavimento que realizará la Municipalidad de San Miguel de Tucumán con dinero que proviene del Fondo Federal Solidario. No obstante, los trabajos no serán efectuados por la Secretaría de Obras Públicas municipal, sino por empresas privadas a través de contratación directa.

De acuerdo con el Presupuesto 2010, en el que se detalla la cantidad de personal en cada área municipal, se indica que sólo el 25% del total de empleados son operarios en el sector de obras públicas; el resto está conformado por personal administrativo y técnico. Por ejemplo, la Dirección de Policía de Tránsito y la Vía Pública encabeza el ranking de personal con 564, mientras que Obras Públicas se ubica en segundo lugar con 452 empleados, pero sólo alrededor de 120 son operarios. De ese modo, desde fines de 2003, la intendencia recurre a la tercerización para poder encarar los trabajos. El caso es que estos trabajadores sólo efectúan bacheos, enripiado de calzadas o el armado de estructuras de oficinas y el mantenimiento de edificios municipales. Como indicamos en el informe publicado, el cuadro de situación respecto del personal de "pico y pala" se circunscribe al área de Obras Públicas; es decir que no comprende a las reparticiones de Higiene Urbana, de Espacios Verdes y de Cementerios. Funcionarios municipales reconocieron que las cuadrillas de operarios no alcanzan para la ejecución de obras de pavimento o de cordón cuneta. "La única manera de hacer las obras que se hicieron y de programar las que se vienen es por medio de las empresas privadas", dijeron. El 90% de los trabajos públicos del municipio se ejecutan a través de esas empresas.

Esta realidad pone en evidencia que la mala administración de los dineros públicos sigue siendo una realidad. A la hora de designar gente en una repartición, no se piensa en la necesidad real o en el personal capacitado para tal fin. La Municipalidad incurre en un doble gasto: por un lado, tiene un voluminoso excedente de personal al que se le paga pero cuyas tareas no parecen ser las que necesita la administración, y por otro, les abona a terceros para que efectúen los trabajos que el municipio debería encarar. Sería positivo considerar que los sueldos de la administración pública son solventados a través de los impuestos que abona la ciudadanía. En función de eso, se debe saber qué requerimientos tiene el Estado y exigir que el personal que ingrese sea el adecuado para esas necesidades.