El ex convencional constituyente José Páez formuló un planteo ante la Justicia local para pedir que se inicie la etapa de ejecución de sentencia en una causa contra la Provincia en la que patrocina a organizaciones de jubilados.
En la presentación, Páez recordó que en 1996, cuando recién se había aprobado la transferencia del Instituto de Previsión Social a la Nación, interpuso -junto a los dirigentes de la Federación de Jubilados y de Pensionados de Tucumán Roberto Beltrán y Angel Salguero- una acción de amparo en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en contra del Estado provincial. El objetivo era que la Justicia garantice la aplicación del 82% móvil cuando se incrementen las remuneraciones del personal en actividad.
"El 11 de noviembre de ese año, se dictó una sentencia que garantizó la movilidad y la porcentualidad para todos los jubilados y pensionados transferidos a la órbita nacional, y que obligó a la Provincia a cumplir y a abonar todos los importes que no fueran satisfechos por la Nación", explicó el dirigente de la Democracia Cristiana.
Fallo firme
Páez agregó que, pese a que esa sentencia quedó firme, no fue cumplida. "La Provincia dispuso en 2005, en 2007 y en 2009 abonar importes diferenciales, sin contemplar sumas retroactivas. Un 30% de los pasivos transferidos sólo perciben los mínimos incrementos que da la Nación y $ 50, ya que la mayor parte de los aumentos a los estatales son no remunerativos", dijo.
Debido a ello, durante el mediodía de ayer, Páez, Beltrán y Salguero presentaron el pedido en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. "Queremos que la Justicia intime al gobernador, José Alperovich, a que cumpla esa sentencia, bajo apercibimiento de aplicar astreintes (sanciones de dinero contra el deudor que demora el cumplimiento de una orden judicial) u otra medida, para que el cumplimiento sea inmediato", puntualizó el abogado.
En la presentación, Páez recordó que en 1996, cuando recién se había aprobado la transferencia del Instituto de Previsión Social a la Nación, interpuso -junto a los dirigentes de la Federación de Jubilados y de Pensionados de Tucumán Roberto Beltrán y Angel Salguero- una acción de amparo en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en contra del Estado provincial. El objetivo era que la Justicia garantice la aplicación del 82% móvil cuando se incrementen las remuneraciones del personal en actividad.
"El 11 de noviembre de ese año, se dictó una sentencia que garantizó la movilidad y la porcentualidad para todos los jubilados y pensionados transferidos a la órbita nacional, y que obligó a la Provincia a cumplir y a abonar todos los importes que no fueran satisfechos por la Nación", explicó el dirigente de la Democracia Cristiana.
Fallo firme
Páez agregó que, pese a que esa sentencia quedó firme, no fue cumplida. "La Provincia dispuso en 2005, en 2007 y en 2009 abonar importes diferenciales, sin contemplar sumas retroactivas. Un 30% de los pasivos transferidos sólo perciben los mínimos incrementos que da la Nación y $ 50, ya que la mayor parte de los aumentos a los estatales son no remunerativos", dijo.
Debido a ello, durante el mediodía de ayer, Páez, Beltrán y Salguero presentaron el pedido en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. "Queremos que la Justicia intime al gobernador, José Alperovich, a que cumpla esa sentencia, bajo apercibimiento de aplicar astreintes (sanciones de dinero contra el deudor que demora el cumplimiento de una orden judicial) u otra medida, para que el cumplimiento sea inmediato", puntualizó el abogado.