El debate sobre la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos está en la primera línea de las discusiones entre oficialismo y oposición desde que gobierna José Alperovich.

Es lógico: a partir de que existe dinero para gastar, se decide cómo hacerlo (extremo impensado hasta la reactivación económica del kirchnerismo). En el caso puntual de lo que está pasando en Tucumán, hablar de que se debe priorizar la licitación pública es pueril a esta altura de los acontecimientos, luego de siete años de adjudicaciones directas aunque lo que está en juego es, nada menos, que el respeto a la institucionalidad constitucional.

Con el DNU del Gobierno se impulsará una fuerte inversión en la obra pública de mejoramiento vecinal inmediato, que tanto rédito electoral llevan consigo. Por este motivo, se priorizarán los trabajos de baja envergadura y mayor rendimiento en agradecimiento traducido en votos, como los cordones cuneta y el pavimento articulado, mientras que seguirán esperando su turno los proyectos de gran envergadura.

En el gabinete se regocijan en destacar que han previsto distribuir el dinero en todos los municipios, y ponen como ejemplo a la gestión radical de Simoca. Sin embargo, afectar fondos no es lo mismo que ser equitativo, como lo evidencia el hecho de que Tafí del Valle (con 4.000 habitantes según el censo 2001) recibirá casi lo mismo que Aguilares (de 32.000 vecinos), más que Monteros (24.000 ciudadanos) y el doble que Bella Vista (15.000). La política parece haber metido la cola en esta suerte de coparticipación particular.

Otro eje de análisis es la reserva que hace la Provincia para realizar ella misma los trabajos, mediante alguna de sus dependencias. Nada dice el DNU de la obligación de ofrecerles las obras antes a los municipios, sino que pone en un pie de igualdad ambas opciones: por sí misma o en convenio con las administraciones del interior. De este modo se guarda un as en la manga, y de pronto podrían aparecer carteles de Alperovich sin necesidad de estar acompañado del nombre de algún intendente. Aunque no sea esta la intención, según trascendió, la norma lo habilita.

Por lo pronto, el DNU atravesará la formalidad de su paso por la Legislatura, sin pena ni gloria como cada norma que le interesa al Poder Ejecutivo.