"Donde queman las manos, no se entra, no se pasa, no se ve, no se mira".

Miguel Chuchuy Linares, ex integrante del departamento Confidencial en la dictadura, ex jefe del D2 (Informaciones Policiales) hasta tiempos de Julio Miranda, hoy procesado por la Justicia Federal por delitos de lesa humanidad, cometidos durante el último gobierno militar

Los policías se ocupan del lado malo de la sociedad. Desde los grandes crímenes hasta las infracciones menores al orden social (que según las épocas pueden variar desde andar disfrazado hasta hacer escándalos en la vía pública), todo eso abarca la tarea que el Estado les encarga a los servidores del orden.

Pero hay casos, como el que está revelando el juicio oral por la muerte del puestero Alberto El Khalil, presuntamente a raíz de torturas, en los que los guardianes son los que cometen las infracciones al orden. Los encargados de la fuerza de seguridad solían explicar todo con la teoría de los excesos -muy en boga en los años 90, cuando se dieron las grandes investigaciones por las irregularidades cometidas por policías- que sostiene que se trata de casos aislados. Lo dijo en 1996 el jefe de la Policía Bonaerense, Pedro Kloczyc: "La función de la Policía es difícil... al ser el basurero de la sociedad, a veces nos manchamos con basura". Al tratarse de casos aislados, como sostiene esta teoría, bastaría con un atento autocontrol: "Acá no se protege nunca a nadie. Nosotros nos autodepuramos", dijo hace poco el jefe de la fuerza tucumana, comisario general Hugo Sánchez. A juzgar por los hechos conocidos, que se cuentan con los dedos (de las dos manos), tal como se reseñó en LA GACETA en las últimas dos semanas, esto pareciera ser así, y el caso El Khalil sería otro más en esa lista fragmentada.

Tema eclipsado
Pero también hay que tener en cuenta que la violencia policial, por ese mismo tratamiento de cada caso como problema aislado, no se ha resuelto en el país, aun cuando la percepción social parece indicar que la situación ha mejorado en la última década, debido a dos causas. Una es la depuración cronológica. Los grandes acusados por torturas y malos tratos, que actuaron a full durante el proceso militar, dejaron la fuerza en las purgas o por jubilación. La otra, según explican las antropólogas Josefina Martínez y Lucía Eilbaum ("Violencia policial en Argentina. Un debate sobre las visiones del público y las políticas posibles") se debe a que desde fines de los 90 la atención al tema de la violencia policial fue eclipsada cor la creciente instalación en la agenda pública del denominado problema de la inseguridad ciudadana. Sofía Tiscornia -integrante del equipo de Antropología Política y Jurídica de la UBA- dice que cuando la ciudadanía reclama más seguridad las formas policiales de control social duro a presuntos delincuentes no afectan mucho la epidermis social.

En otras palabras: la Policía dirá que la autodepuración ha sacado afuera a los personajes problemáticos, y las oleadas de inseguridad y de violencia que sacuden a las sociedad a cada rato (menores delincuentes, arrebatadores en salideras) hacen que no haya demasiados cuestionamientos al accionar policial; y así casos como El Khalil parecen aislados.

Pero acaba de conocerse el informe de la Subsecretaría de Derechos Humanos que dice que en el último año hubo 50 denuncias por abusos policiales en Tucumán. Muchos provienen de lugares que la sociedad no quiere conocer (la cárcel, los hospitales neuropsiquátricos, los centros de detención de menores). Además, la camarista penal María del Pilar Prieto ha dado a entender que -al menos en la cárcel- muchos abusos no se dan a conocer en virtud de los códigos de silencio que imperan en un mundo violento.

Pero otros hechos denunciados ocurrieron en comisarías, lugares donde podrían caer los hijos de cualquier vecino (de hecho, hay 336 alojados en las comisarías, a menudo mezclados detenidos por orden de la Justicia y personas aprehendidas por contravenciones.

Aún cuando esté operando la autodepuración e incluso en el caso de que fueran absueltos los acusados, en el juicio El Khalil ha saltado a luz que muchas circunstancias no han cambiado desde los comienzos de la democracia: los oficiales de la comisaría no pudieron explicar por qué se detuvo y se encerró a una persona que no tenía carnet de manejo, y los peritos revelaron irregularidades en los procedimientos periciales, entre ellos falsificación de firmas, desaparición de expedientes y cambios de puertas y mobiliario en una oficina policial investigada.

El escándalo moviliza
Como la teoría de los casos aislados sigue imperando en la percepción social, se opera en función de los escándalos. Hace un año, a raíz de incidentes en la alcaldía de Investigaciones, el ministro fiscal ordenó a las fiscalías ocuparse de inspeccionar los lugares de detención. Aisladamente.

Por esa teoría, también, el Ministerio de Seguridad Ciudadana ni se ocupó de contestar los pedidos de informes de la Subsecretaría de Derechos Humanos y apuesta a que los estallidos aislados no hagan mella. Pero así los riesgos se mantienen.