El Gobierno prorrogará por dos años la vigencia de la ley que permite a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) cobrar un canon a las nuevas construcciones de edificios o ampliaciones que se realicen dentro de las cuatro avenidas.

La vigencia de la Ley Nº 7.938, sancionada en 2007, venció el 31 de julio. Frente a esa circunstancia, el gobernador, José Alperovich, envió a la Legislatura un proyecto de ley para extender la imposición hasta el mismo día y mes de 2012. El texto será aprobado por la Cámara en la sesión que se hará, en principio, el viernes.

El texto refiere al denominado "cargo por infraestructura" que deben pagar las empresas y los particulares que tengan o que soliciten permisos municipales de construcción y/o aprobación de proyectos en trámite o que se tramiten en el futuro. Con ese canon, la SAT debe ejecutar obras de agua y cloacas.

El perímetro de la ciudad alcanzado por el cargo está delimitado por las avenidas Roca; Colón-Ejército del Norte; Belgrano-Samiento-Gobernador del Campo; y Pedro M. Aráoz-Brígido Terán-Soldati. El cargo por infraestructura arrancó en 2007 en $ 15 por metro cuadrado (hoy ronda los $ 30) que se construye o que estuviere construyéndose, sea obra nueva, ampliaciones o refacciones por más de 200 metros cuadrados cubiertos y que incluyan servicios sanitarios. Expansión inmobiliaria

"Cuando los emprendimientos se conectan con las redes sanitarias incorporan una cantidad importante de nuevos usuarios, concentrados en un radio limitado, lo que sin una pronta y adecuada solución puede perjudicar la calidad del servicio", dijo Alperovich para justificar el pedido de prórroga.

Además, advirtió que el elevado costo en infraestructura hace imposible que la SAT pueda afrontar esas ampliaciones de la red de agua potable y de cloacas. Incluso, en el proyecto remitido a la Cámara se dejó constancia de que entre 2007 y 2010 se preveía la construcción de casi 900.000 metros cuadrados y que aún restan por edificarse 200.000 metros cuadrados. Eso, según Alperovich, representa un total de 40 nuevos edificios. A ese remanente, añadió el gobernador, hay que sumarle los pedidos de construcción de 60 nuevos edificios.

La norma prevé que el importe a cobrar por la SAT será devuelto por el Estado a través de certificados de créditos fiscales y que podrán usarse para el pago de impuestos provinciales. La imposición abarcará desde ahora a las obras ejecutadas sobre terrenos cuyos propietarios gozan de excepciones impositivas y, en consecuencia, no pueden utilizar el canon para el pago de tributos. También, a las obras realizadas por fideicomisos. Para ambos casos, el Gobierno prevé que los certificados sean transferibles: en el primero "libremente"; en el segundo, "a los beneficiarios o fideicomisarios". La ley original establecía que los créditos fiscales eran nominativos e intransferibles.