En su oportunidad, Ricardo Bussi obsequió a los legisladores oficialistas un manual sobre licitación pública. Hoy, con el mismo argumento que utilizó el 16 de junio, el republicano podría regalar a sus pares del bloque mayoritario un libro referido a procedimientos administrativos. Porque la Cámara promulgó un proyecto de ley en aquella sesión, pero comunicó otro al Poder Ejecutivo.
Precisamente, la sesión convocada para hoy a las 9 con el objetivo de prorrogar la inembargabilidad por otros 90 días de las cuentas públicas tendrá un condimento sorpresa: la bancada Tucumán Crece pretende que se trate sobre tablas (es decir, sin dictamen previo de comisión y, por lo tanto, sin mayor estudio) una modificación a la Ley Nº 8.305, promulgada el 24 de junio por el Gobierno y publicada el 30 de ese mes en el Boletín Oficial.
La norma, debatida en el recinto el 16 de junio, faculta a la Dirección Provincial de Vialidad a eludir el llamado a licitación pública para la compra de maquinaria por $ 20 millones. De hecho, el apartamiento del procedimiento que prescribe la Constitución provincial y la Ley de Administración Financiera fue el principal argumento que utilizaron legisladores opositores para objetar la iniciativa alperovichista. En aquella ocasión, Ricardo Bussi hizo entrega al secretario parlamentario, Juan Antonio Ruiz Olivares, del libro "Licitación Pública", del administrativista y dirigente peronista Roberto Dromi.
Uno que no era
La autorización a Vialidad para que avance con la compra directa llegó al recinto con dos dictámenes. Uno de la comisión de Hacienda, que preside José Alberto Cúneo Vergés y que facultaba a la repartición a la contratación directa, aunque previo "concurso de precios". Y otro de la comisión de Obras Públicas, conducida por José Teri, con el mismo propósito pero mediante "cotejo de precios". Ambos proyectos, si bien perseguían la misma finalidad, presentaban diferente redacción.
El problema se originó cuando el Poder Legislativo comunicó la sanción del dictamen al Poder Ejecutivo. En realidad, con la firma del vicepresidente primero, Armando Cortalezzi, y de Ruiz Olivares, la Cámara transcribió el texto del primer despacho que conformaba el orden del día. Es decir, informó a la Casa de Gobierno sobre un dictamen que no aprobó. Luego, el Ejecutivo promulgó y convirtió en ley el texto que nunca se debatió ni se votó en el recinto legislativo.
De no mediar una corrección legislativa, la contratación directa de Vialidad podría haber sido objetada de manera formal por el Tribunal de Cuentas. Por ese motivo, y en medio de severos reproches cruzados entre los alperovichistas, el asunto volverá a ser debatido hoy en el recinto. En principio, el oficialismo impulsará la derogación de la Ley Nº 8.305 y la sanción de un nuevo texto con la misma finalidad.