Durante la sesión del miércoles, el legislador Luis José Bussi vinculó a policías con la venta de drogas; y al embajador argentino en Chile, Ginés González García, con las irregularidades en el Ministerio de Salud local. Hoy, sus denuncias recaerán en manos de la fiscala penal que se encuentra de turno, Adriana Giannoni.
En el recinto, el referente del partido Republicano Fundacional fue el responsable de abrir el período de manifestaciones generales. Y comenzó su alocución con una crítica hacia el accionar policial, a partir del testimonio de dos madres de niños que murieron a causa de las adicciones.
"Su relato remite a complicidades, con la venta y distribución de estupefacientes por parte de ciertos policías que no sólo, según nos cuentan, ponen sobre aviso a los dealers sobre allanamientos ordenados por la Justicia, sino que por la tarde pasan en vehículos oficiales a cobrar su parte de la recaudación, producto de la comercialización de la mercadería (sic)", expuso Bussi, según consta en la versión taquigráfica de la última sesión.
De inmediato, el hijo mayor del ex gobernador Antonio Domingo Bussi se refirió a las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas (TC) en el Siprosa. Puntualmente, a la autorización de un pago de $ 800.000 a la Fundación Salud (Funsal) que firmó el ministro Pablo Yedlin, pese a que esta entidad se inscribió como tal meses después de iniciados los cursos de capacitación. Como se recordará, el presidente de Funsal es el odontólogo chileno Héctor Silva Olivares.
Bussi cerró su reflexión con una denuncia que alarmó a sus pares del oficialismo. "Señor presidente, tenemos razones suficientes para sospechar que estamos frente a maniobras de una verdadera banda mafiosa, cuyo capo máximo se encuentra al frente de la Embajada Argentina en la República de Chile, que ha puesto la mira sobre el erario público tucumano al amparo de un Gobierno local cuanto menos complaciente con lo peor del kirchnerismo (sic)", sentenció.
Sorprendidos por el tenor de las denuncias de Bussi, los legisladores aprobaron la moción para que la versión taquigráfica sea remitida a sede judicial. La iniciativa, a propuesta del presidente del bloque alperovichista, Roque Tobías Alvarez, fue aprobada sin disidencias en el recinto. Ayer, personal legislativo se abocó a la desgrabación de la sesión, para que el documento pueda ser girado hoy a Tribunales.
Como Bussi goza de fueros y no puede ser molestado por sus opiniones dentro y fuera del recinto (artículo 62 de la Constitución provincial), para que sea citado a declarar un juez de instrucción debe solicitar antes su desafuero a la Cámara. Formulado el planteo, la Legislatura cuenta con 15 días para rechazar o para aceptar el pedido. Si transcurrido ese lapso no hay un pronunciamiento, se entiende que la petición judicial fue concedida (artículo 64).