La política es una máquina de fabricar prestigios y de destruir famas. Los protagonistas del mundo del poder están expuestos a las consecuencias de sus actos. Estados Unidos es,quizás, el escenario donde más descarnadamente se sanciona las conductas de los actores públicos.

Viene, así, a la memoria el caso del presidente Richard Nixon, que debió renunciar en 1974, antes que afrontar un juicio político por el caso Watergate, cuando había quedado implicado por el espionaje a la sede del partido Demócrata, acaecido en 1972. Nixon admitió entonces que había perdido la base política necesaria para gobernar la Unión.

En la Argentina no se registraron pases al costado como el de Nixon, aunque abundaron y abundaron los escándalos de alta y baja intensidad. En Tucumán, tampoco.

La Justicia, no obstante, en el orden nacional, en algunos juzgados ha mostrado interés en investigar situaciones de corrupción que complican a funcionarios kirchneristas, en los últimos tiempos.

Los ex presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa son también, por causas distintas, asiduos concurrentes a los tribunales. Menem, de todas formas, se amaña para evitar su caída final, mediante el valor de su voto en el Senado.

La imagen de los políticos no se deteriora sólo por las acusaciones de presunta corrupción en el desempeño de sus funciones. Existen también asuntos que les generan desgastes, colocándolos en posiciones por lo menos embarazosas. Cuando se trata de funcionarios electivos, los riesgos de deterioro son mayores. En las urnas se verificarán las consecuencias.

Incomodidades a varias puntas

El diputado Gerónimo Vargas Aignasse no la pasó nada bien en los últimos días. Se cansó de dar explicaciones a medio país de que no había operado para que el barrabrava Sergio Flay Roldán pudiera salir rumbo a Sudáfrica, pese a que está condenado penalmente. Pero sí tuvo que admitir su cercanía política con Roldán, con quien apareció hace un tiempo oponiéndose a la ejecución del desalojo de un inmenso predio ocupado ilegalmente.

Un diputado y un barrabrava, en andas, tituló LA GACETA, cuando informó del suceso, en la edición del 2 de mayo. Aunque, finalmente, se concretó la expropiación de los terrenos, el binomio Vargas Aignasse-Roldán se presentó, de ese modo, en sociedad.

El diputado alegó que lucha contra los barrabravas -no le tratan un proyecto de ley en el cuerpo que integra-, pero la aparición de Roldán en el país organizador del Mundial terminó salpicándolo. El senador radical José Cano denunció, a la vez, que el barrabrava manejaba un plan social, dando otro toque político al episodio que levantó polvareda enel país.

Tampoco quedaron en cómoda postura los camaristas Horacio Villalba, Silvia Castellote y María del Pilar Prieto, a quienes el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, les cargó la mochila del viaje de Roldán. Si contra este no había orden alguna de impedimento para que se fuera del país, quiere decir que un resorte falló. La Dirección de Migraciones arguyó que le llegó 24 horas tarde la comunicación judicial procedente de Tucumán. La mora despertó más interrogantes sin respuestas claras. Algunos suponen, también, que la AFA no es ajena al problema. caso Roldán les dé algunas pistas a los jueces de la sala IV.

En el candelero

La bipolaridad que divide a los autoconvocados de la salud no ocultó la subsistencia del malestar que se trasunta en asambleas e inactividad en los hospitales. El gobernador José Alperovich trabó la reapertura del diálogo que había pedido el arzobispo Héctor Villalba, para que no se discutan pautas que le alteren las pautas de gasto salarial y el principio de autoridad. Marcó, así, diferencias políticas con el gesto de la jerarquía eclesial, que pretendía retomar mediaciones de otros tiempos.

Alperovich, además, por segunda vez, ratificó al ministro de Salud Pública, Pablo Yedlin, ante el freno dispuesto por el Tribunal de Cuentas (TC) al pago de $ 190.000 a la fundación del Hospital Garraham. El convenio -que data de 2004- había motivado observaciones críticas de parte del TC, tales como la falta de un análisis previo del precio ni del costo de servicio. El rubro capacitación se ha vuelto un semillero de conflictos, cuyo punto de partida fue el pago de $ 800.000 a la Fundación Salud (Funsal), que no existía jurídicamente al momento de dictarse los cursos que le atribuyó el Siprosa.

Alperovich lo defendió con ardor. Quién no comete un error. Todos cometemos un error en la vida Mientras no haya robo..., sostuvo el jefe de Estado.

La fiscala penal Mercedes Carrizo, mientras tanto, investiga a paso de tortuga. A raíz de los ciclos de capacitación y de los autoconvocados de la salud, Yedlin acumula magulladuras semana tras semana.

Sonrisas y angustias

Más de un político admite que el destinatario final de los dardos es el vicegobernador en uso de licencia, Juan Luis Manzur, a quien, sin embargo, en la Legislatura no se puede interrogar por carencia de voluntad política. En el oficialismo advierten que no se plantean preguntas precisas. Los opositores rehuyen pelearse con Manzur, deslizan. La versión se refiere a Esteban Jerez, Federico Romano Norri, Luis José Bussi y Ricardo Bussi. En Buenos Aires, Manzur sonríe en cada acto que encabeza como ministro de Salud Pública de la Nación, pero sigue con recelo las vicisitudes de Yedlin.

La política gira y alimenta ilusiones. En la UCR tucumana impactó la entronización de Ricardo Alfonsín en el distrito bonaerense y su proyección al ámbito nacional, porque mandó a cuarteles de invierno a toda una generación de operadores. La constitución de la mesa del Acuerdo cívico se aletargó, aun cuando puede agilizarse si se cristalizan los buenos deseos de Cano y del diputado Juan Casañas. En realidad, los socios no radicales temen ser la variable de ajuste de la recomposición de las distintas facciones del partido que conduce Ernesto Sanz, en referencia a eventuales candidaturas. Con todo. los radicales más identificados con la estrategia pactista afirman que la mesa del Acuerdo Cívico se compondrá sin necesidad de ratificación por la convención local. Es un entendimiento político, precisan. El perfil de una UCR crítica de los dos oficialismos es materia de discusiones y propuestas. La presencia del defensor adjunto de la Nación, Juan Mínguez, en un ciclo de la fundación presidida por Ariel García va en esa dirección.