El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, alertó sobre la enorme distancia que hay entre el presupuesto general que se aprueba para el gasto público y el que realmente se ejecuta, por los mecanismos legales que permiten evadir los controles correspondientes.

"El Estado argentino es muy desordenado y presenta una ausencia histórica de cuidado en el control de la ejecución del gasto. Es algo crónico y se ve en el uso creciente de los fondos fiduciarios que escapan a las posibilidades de intervención con la Ley de Contabilidad vigente. Lo mismo pasa con los subsidios: carecen de rendición de cuentas o presentan rendiciones insuficientes", advirtió.

El funcionario, que ayer presentó en el Colegio de Abogados de Tucumán su nuevo libro, "Independencia de la Justicia: estándares internacionales", recordó que hubo numerosos ejercicios presupuestarios anuales de la Nación que nunca fueron evaluados realmente, mediante las cuentas de inversión que se deben rendir ante el Congreso de la Nación.

De hecho, agregó que sólo se concretaron aprobaciones ficticias, con un alto grado de informalidad, y que, inclusive, el balance de 1994 nunca fue tratado.

"La AGN tenía un retraso enorme en el control que debíamos hacer sobre la ejecución de las partidas. El gran mérito fue haber normalizado este mecanismo y llegar a dictaminar adecuadamente todos los temas. Nuestra función no es fiscalizar las cuentas sino supervisarlas; nuestros señalamientos pueden terminar en la Justicia, que es la que resolverá en definitiva sobre cada situación", explicó.

Despouy remarcó que la Argentina tiene serios déficits en su diseño, y que países como Chile, Uruguay y Brasil poseen mecanismos mucho más organizados, transparentes y eficientes en su gestión. En ese contexto, resaltó la importancia del pensamiento del jurista tucumano Juan Bautista Alberdi respecto del origen del control público, al vincular la rendición de cuentas con la división de poderes dentro del Estado.

El titular del ente de contralor nacional reconoció que hay muchísimos casos de corrupción: "hemos remitido numerosos expedientes a la Justicia, como los relacionados con el transporte y la red vial, con desvíos manifiestos del dinero aportado por el Estado".