La Justicia Federal de Tucumán dio ayer un paso clave en el marco de la causa denominada "Ex Jefatura de Policía II".

El expediente investiga alrededor de un centenar de casos de desaparición forzada de personas durante el último gobierno militar, que no están incluidos en el proceso en marcha actualmente ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, y que se inició el pasado 16 de febrero.

Según consigna el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, procesó con prisión preventiva a 13 militares retirados y ex policías acusados de la presunta comisión de delitos contra los derechos humanos durante el Proceso de Reorganización Nacional.

Los involucrados
Las medidas alcanzaron a Luciano Benjamín Menéndez, Luis Alberto De Cándido, Hugo Rolando Albornoz, Angel Custodio Moreno, Ramón Ernesto Cooke, Juan Alberto Abraham, Ricardo Oscar Sánchez, Rolando Reyes Quintana, Luis Edgardo Ocaranza, Roberto Heriberto Albornoz, Mario Miguel D?Ursi, Camilo Angel Colotti y Ernesto Arturo Alais.

De manera complementaria, según la información oficial, Bejas dispuso el procesamiento sin prisión preventiva para Norberto Ricardo Villegas, Ramón César Jodar y Jorge Omar Lazarte.

Los embargos
En la disposición tomada por el juez subrogante tucumano (www.cij.gov.ar), que consta de 181 fojas, también se resolvió trabar embargos sobre los bienes de Menéndez, de Cooke, de Ocaranza, de Roberto Albornoz, de Ursi, de Colotti, de Lazarte y de Alais. En cada caso, por $ 1 millón.

Simultáneamente, Bejas dispuso embargos (por $ 500.000 cada uno) sobre los bienes de Villegas, de De Cándido, de Hugo Albornoz, de Custodio Moreno, de Abraham, de Sánchez, de Reyes Quintana y de Jodar.

Todos los involucrados en el escrito del magistrado se encuentran indicados como presuntos autores mediatos o materiales de secuestros, de torturas y de desapariciones contra alrededor de 100 víctimas que habrían permanecido detenidas en el centro clandestino detención que habría funcionado en la ex Jefatura de Policía de Tucumán.

Los fundamentos
"De acuerdo con la prueba obrante en la causa, los hechos investigados en autos se adecuarían a los tipos penales de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones, torturas y asociación ilícita agravada todos en concurso real", se consignó en el fallo dado a conocer ayer.

Según puntualizó Bejas en los considerandos de su resolución, "a partir del análisis de la prueba recolectada en autos puede inferirse que la detención ilegal de las víctimas en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Jefatura de Policía, les habría impedido disponer de su libertad personal".

"Las conductas atribuidas a los imputados se corresponderían al tipo legal analizado, por cuanto los encartados -en cumplimiento del plan sistemático de represión- incluyeron a las víctimas en los listados de personas a detener y/o abatir, disponiendo a tales efectos la privación ilegítima de su libertad, lo que fue ejecutado por sus subordinados", se puntualizó en documento judicial.