Una centena de espectadores se hizo presente en el auditorio del Colegio de Abogados de Tucumán para escuchar las razones jurídicas por las que los dirigentes de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia califican de "presos políticos" a los cerca de 800 militares (r) y civiles detenidos por sucesos ocurridos durante los 70.
El presidente del organismo que nuclea unos 400 letrados en Capital Federal, Alberto Solanet, fue el encargado de abrir la conferencia. Durante su discurso, señaló que semanalmente visitan las cárceles en las que están alojados quienes "protegieron el país del terrorismo marxista". Antes de ceder el uso de la palabra, criticó la política de derechos humanos del Gobierno.
Luego intervino Ricardo Saint Jean, quien se focalizó en los aspectos jurídicos que sustentan su posición. "Los procesos a los que están siendo sometidos los detenidos violan principios básicos, universales; no se trata de temas en los que no hay media biblioteca a favor, y media biblioteca en contra", aseveró.
Señaló que con la llegada del kirchnerismo al poder se inició un ejercicio de presión sobre los magistrados argentinos. "Los llenan de causales de juicios políticos, pero no los enjuician, lo que funciona como espada de Damocles sobre ellos", dijo. Como otro ejemplo de esas presiones, mencionó la condición de subrogante de algunos jueces: "en privado, muchos admiten que nuestras razones son objetivas; pero dicen tener las manos atadas".
El letrado criticó la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Decían que (Carlos) Menem tenía la ?mayoría absoluta?; pero esta mayoría es mucho más peligrosa", dijo.
Después habló el vicepresidente de la asociación, Gerardo Palacios Hardy, quien realizó un repaso histórico en el que criticó la dirigencia política de los 70. "El Estado reaccionó mal. No comprendió de qué guerra se trataba", indicó. Y mencionó la amnistía concedida en mayo de 1972. "Antes de que fuera votada en el Congreso, hordas organizadas, armadas, encabezadas por diputados, fueron a las cárceles a liberar terroristas que luego dirigieron los grupos subersivos. La clase política se hizo la distraída y, luego, no pudo cerrar la Caja de Pandora", afirmó.
Antes de comenzar la conferencia, Palacios Hardy dijo a LA GACETA que el cambio de rumbo debe venir de la política. "No de la Justicia, porque esta tiene tiempos y métodos no apropiados para un hecho político, como este. Los responsables de la situación que se vive en el país son los políticos; y son ellos quienes deben resolver este hecho tremendo que vive el país", destacó.