La política no es para calientes, dirían en las tribunas. Ningún gobernante puede dejarse llevar por la tentación del desborde verbal. Hace al protocolo y a las normas del trato social. Se supone que los años de gestión y de militancia política le hicieron madurar ese "cuero" que muchos dirigentes suelen decir que curten por efecto de los golpes de la experiencia. Salirse de la vaina no le está permitido ni al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ni al gobernador de Tucumán, José Alperovich, ni a ningún otro líder. Pero entre aquellos dos, por caso, una distancia muy grande en el proceder, tan grande como la diferencia entre gestionar EEUU y esta provincia subtropical argentina.
Obama busca responsables por el desastre causado por una gigante petrolera, que hoy trastabilla financieramente, en las costas norteamericanas. Alperovich reaccionó de mala manera ante un tema que, tal vez, pueda considerarse menor, sin importancia si es que no tuvo nada que ver en el asunto (la eventual ligación entre políticos y barrabravas).
El riesgo es que el nerviosismo, esa excitación pasajera de los ánimos, transmute en ansiedad. El caso Funsal desvela al gobernador, pero la procesión va por dentro. Mientras haya cuestionamientos públicos contra su ministro de Salud Pública, Pablo Yedlin, el mandatario no le soltará la mano. De hecho, cada vez que se le consulta sobre el polémico tema le cambia el ánimo. Las "serias irregularidades administrativas y transgresiones legales" en la contratación de los cursos odontológicos, según el Tribunal de Cuentas, tensionan a cada uno de los miembros del Poder Ejecutivo. No hay otra razón para que algo le cambie el humor al gobernador. En la carrera electoral de 2011, Alperovich ha logrado cerrar, con anticipación, las cuestiones financieras prioritarias: el pago de los sueldos, el medio aguinaldo y hasta una prolongada refinanciación de la deuda pública. Por el lado fiscal, no hay tormentas, ni siquiera nubes en el horizonte provincial.
Los funcionarios están curados de espanto con el caso Yedlin. Por caso, ayer, sin ir más lejos, ni bien leyó los títulares de LA GACETA, el ministro de Economía, Jorge Jiménez, ordenó al área de Auditoría enviar técnicos hacia Construcciones Escolares. "Quiero saber qué pasa con ese contrato de alquiler", le dijo el funcionario a los encargados de realizar el control. En menos de ocho horas, el ministro ya tenía un informe preliminar y verbal de sus técnicos. Había una equivocación en la nomenclatura del inmueble por el que el Estado paga $ 12.000 mensuales para que allí funcione Construcciones Escolares. Mientras tanto, todavía se aguarda las definiciones acerca del sumario administrativo interno que, como lo anunció el propio ministro de Salud, se ordenó ejecutar en esa área a propósito del caso Funsal. A veces, las palabras son más rápidas que las acciones públicas.