Los abogados elogiaron la propuesta del Poder Ejecutivo para reformar las leyes 5.233, 6.023 y 6.059, referidas al ejercicio de la profesión de los letrados y procuradores y a su régimen previsional. "Nos parece ampliamente satisfactorio; entendemos que se puede abrir una etapa de profundización del diálogo institucional", dijo a LA GACETA el presidente del Colegio de Abogados de Tucumán, Eudoro Aráoz, en relación con la iniciativa del Gobierno provincial, aunque reconoció que aún no conocen el texto de la medida.
Ayer, en un diálogo con la prensa, el gobernador, José Alperovich, confirmó que envió el proyecto a la Legislatura. "Estimo que en la próxima sesión va a salir", apuntó.
La iniciativa del PE vuelve atrás con una medida adoptada a fines de 2007 y que tenía que ver con los bonos profesionales. En ese entonces, la Provincia alteró el régimen de pago de estos bonos, disponiendo que se debían ser pagados en el momento anterior al dictado de la sentencia y no al inicio del proceso judicial, como era costumbre. Ahora, el PE retoma este viejo sistema, hecho que aplauden los letrados ya que, como se recordará, los cambios generaron un enfrentamiento entre el Gobierno y la entidad que nuclea a los abogados. De hecho, el PE, al justificar el regreso al antiguo régimen, subraya el desacuerdo que manifestaron los profesionales a las reformas aprobadas.
Aráoz indicó que remitirán notas al presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado, y a la comisión de Legislación General para pedir copias del proyecto del Ejecutivo. "Queremos evaluarlo, y si consideramos que hay que hacerle modificaciones, vamos a pedir una audiencia con los parlamentarios", acotó.
El titular de la entidad apuntó que los abogados tienen mucho que aportarle a la sociedad, al Ejecutivo y a la Legislatura por el conocimiento que tienen sobre la administración de la Justicia. "Desde este punto de vista creemos que hay que profundizar el diálogo institucional", destacó.
Afectación económica
En 2007, cuando se promulgó la legislación que ahora se pretende modificar, el Colegio de Abogados había manifestado que se intentada afectar económicamente a la entidad. ¿Se resintió la economía de la entidad?, le consultó LA GACETA al respecto a Aráoz. "Se sintió en lo económico, pero tuvimos el apoyo de los abogados en general. Hubo una disminución de la recaudación mensual que nos limitó en las actividades del colegio; pero tenemos que agradecer la solidaridad y colaboración de los colegiados", respondió.
En tanto, el ex presidente del colegio profesional Antonio Bustamante, que estuvo en medio de la discusión con el Gobierno, celebró la decisión del PE. "Celebro la recapacitación y reflexión de los funcionarios del Estado provincial en cuanto a la necesidad de la derogación de esta norma, a fin de posibilitar el equilibrio de la institución", manifestó el abogado.