Cerrado el capítulo administrativo en el Tribunal de Cuentas, el caso Funsal se desarrollará íntegramente en tribunales. Precisamente, desde el 19 de febrero hay una denuncia penal presentada por los abogados Oscar López (peronismo disidente) y Raúl Moreno (vicepresidente radical).
El expediente está en manos de la fiscala María de las Mercedes Carrizo, que inició actuaciones complementarias y tomó algunas medidas. Principalmente, requirió una copia del listado de los asistentes al curso al Siprosa y citó a algunos testigos. No obstante, cualquier investigación que involucre al ministro de Salud, Pablo Yedlin, debe ser autorizada e instrumentada por un juez de instrucción, ya que el funcionario goza de prerrogativas constitucionales.
Para que ello ocurra, la fiscala debe elevar una requisitoria. En abril formuló esa petición, pero el juez Juan Francisco Pisa la rechazó por cuestiones formales. Otro elemento que se sumará a la causa es el Acuerdo 990 firmado por el Tribunal de Cuentas, que advirtió sobre "serias irregularidades administrativas y transgresiones legales" en la contratación de la Fundación Salud. Precisamente, el tribunal dispuso que esas conclusiones sean giradas a la fiscala Carrizo.
Ayer, los denunciantes volvieron a requerir al ministro fiscal, Luis de Mitri, que aparte de la causa a la fiscala. Puntualmente, compararon la tarea del instructor del sumario (Pablo Cainzo) con la de Carrizo. "Citó a declarar a aproximadamente 180 personas, de las que se efectivizaron 150 testimonios. Eso demuestra la subversión de las funciones constitucionales de investigar en que ha incurrido la fiscala. En cumplimiento de sus competencias, el ministro fiscal debe retirarla de la investigación y designar un nuevo fiscal", dijo López.