Los topes salariales no son buenos. No van de la mano ni con la inflación oficial ni con el costo real de vivir en la Argentina. Lo sufren los asalariados, lo padecen los funcionarios. Los primeros -si son estatales- pueden llegar a poblar la plaza para reclamar mejoras en sus ingresos mensuales. Los otros, no son tantos como para llenar siquiera una cuadra del principal punto de concentración de las protestas salariales, la que da frente a la Casa de Gobierno. Tampoco se animan a hacer público un viejo reclamo: eliminar la barrera administrativa y jurídica que impide cruzar la línea de los aumentos. Ya hubo planteos informales al gobernador José Alperovich, por parte de funcionarios, que, cada vez que deben efectuar gestiones oficiales en Buenos Aires, sienten que los viáticos son pocos para costear -por caso- el hospedaje.

Los legisladores sí se atrevieron a cruzar esa barrera. Se incrementaron un 56% las dietas en honor a esa inflación negada por el propio Gobierno nacional (con retoques por parte del Indec) y provincial (que no se anima a realizar una medición mensual sobre la evolución de los precios). La Cámara se amparó en sus atribuciones constitucionales ("Es su facultad exclusiva nombrar los empleados que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y fijar sus remuneraciones en el presupuesto", según el artículo 59) para justificar el incremento.

En el caso de los ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo, el reajuste salarial por mayores costos es más complicado. El propio mandatario fijó el tope de $ 9.000 para las remuneraciones de sus principales colaboradores. "Los ministros gozarán por sus servicios de un sueldo establecido por la ley, que no podrá ser alterado durante el tiempo que desempeñen sus funciones", dice el primer párrafo del artículo 108 de la Carta Magna Provincial. En el segundo, a su vez, abre la puerta a un aumento que es reclamado en voz baja. "La prohibición de alterar el sueldo no abarca los ajustes por actualización monetaria que fueran dispuestos con carácter general", dice el artículo.

En términos numéricos, ese aumento podría significar cerca de $ 1.000 adicionales si se llega a eliminar el tope salarial jerárquico, se esperanza un funcionario de segunda línea del Poder Ejecutivo. Claro está que sólo se trata de una simple ecuación, ya que otros miembros del elenco alperovichista consideran que un aumento, en momentos en que la plaza Independencia se colma de autoconvocados de la salud y los despachos, de dirigentes sindicales que reclaman la reapertura de las paritarias, sería más que un bumerán. "Se puede lanzar la idea, pero nadie sabe cómo puede volver, ya que la gente piensa que en el Gobierno se gana fortunas", confiesa un funcionario.

Quien no debe estar muy preocupado por los eventuales planteos de aumentos de salarios es Pablo Yedlin. El ministro de Salud Pública se encuentra en la vidriera de los cuestionamientos. Más que una cuestión monetaria (los $ 45.000 de multa que se le aplicó), las improlijidades administrativas argumentadas por el Tribunal de Cuentas en el caso del convenio suscripto por Funsal con el Siprosa le significaron un desgaste moral. El propio Alperovich salió a respaldarlo públicamente. Puertas adentro, interpretan que el ministro pecó de inocente por no haber prestado más atención a los documentos que firma. En la sede de Gobierno hay funcionarios tan celosos con cuestiones jurídicas y técnicas que guardan, bajo siete llaves, la lapicera, la tinta y el sello con el que dan curso a los decretos. Y tienen equipos técnicos que observan la letra chica de los papeles. "El gobernador no nos bajó órdenes; es la experiencia la que nos lleva a ser meticulosos con el servicio administrativo", describió uno de ellos.

El polémico convenio, que podría haberle causado al Estado la pérdida de $ 800.000 (el 1% del presupuesto del Sistema Provincial de Salud) para el pago de cursos odontológicos, según el organismo de control, ha obligado a muchos funcionarios a reforzar las cuestiones administrativas. Otro funcionario resumió ante este columnista el pensamiento colectivo del gabinete. "Esto que pasó con Yedlin puede ser como un carrito de supermercado ahora, pero que luego llega a convertirse en un tanque de guerra", opinó, en referencia a las críticas de distintos sectores de la oposición, más en períodos electorales.

El Gobierno hace catarsis del caso Funsal. Quiere dar vuelta la página cuanto antes. No hay otras preocupaciones oficiales. Las finanzas siguen sobre rieles. El fuerte aumento de los ingresos acumulados hasta mayo le permitirá al Gobierno compensar gran parte del reajuste salarial otorgado a los 88.000 estatales, es decir, unos $ 430 millones. Además, la obra pública provincial se está pagando con la plata que llega de la coparticipación de las retenciones de la soja.

Este año seguramente habrá ampliaciones presupuestarias a los $ 7.100 millones proyectados para todo 2010. Tal vez entonces, en septiembre, se pueda establecer si en la partida de gastos -que compensará los mayores ingresos- se incluyeron los aumentos salariales al plantel jerárquico, esas malas palabras para el vocabulario del gabinete alperovichista.