"Serias irregularidades administrativas y transgresiones legales"; "omisión del debido proceso de contratación"; "facturas emitidas por quien no revestía el carácter de acreedor legítimo" y "conducta de los funcionarios jurídicamente reprochable" son algunas de las expresiones técnicas que utilizó el Tribunal de Cuentas para sancionar al ministro de Salud, Pablo Yedlin, y a otros dos funcionarios por haber autorizado el pago de $ 800.000 a la Fundación Salud (Funsal). Puntualmente, se objetó que esta entidad se haya constituido legalmente luego de haber dictado cursos sobre odontología.