Desde hoy, al menos respecto de las causas que recaigan en tres juzgados en lo Civil y Comercial Común, las partes tendrán que someterse obligatoriamente a una mediación previa antes de recurrir al proceso judicial tradicional. Se inicia así una etapa que apunta a que dentro de un año este método alternativo para la resolución de conflictos rija en todo el Poder Judicial provincial, según lo establece la Ley 7.844.
De ahora en más, cuando un abogado vaya a la mesa de entrada civil de Tribunales a interponer una demanda y, por sorteo, resultara que corresponde que intervengan los juzgados en lo Civil y Comercial Común de la VI, VII u VIII Nominación de esta capital, el letrado deberá llenar un formulario (por cuadruplicado) con el fin de requerir la apertura de la mediación prejudicial.
Al abogado también le darán el número asignado al expediente (ante el respectivo juzgado), donde quedará en reserva la demanda -si es que la parte demandante decidiera presentarla en ese momento- por si fracasara el intento de resolver la controversia por medio de la mediación.
Dos ejemplares del requerimiento serán remitidos al Centro de Mediación Judicial, que encabeza Ingrid Weyrauch. Esto servirá para notificar a la otra parte (aquella contra la que estaba dirigida la demanda), para armar un legajo y para proceder al sorteo del mediador que ha de intervenir. En estos momentos, hay 75 abogados registrados para actuar, 52 de los cuales pertenecen a esta capital y el resto a Concepción.
Si el profesional (abogado) que resultara sorteado aceptara la designación, deberá llamar a las partes a la primera audiencia dentro de los cinco días posteriores, y dispondrá en total de 40 días (prorrogables por igual término) para intentar que lleguen a un acuerdo. Las partes deberán contar durante todo el proceso con asistencia letrada obligatoria.
Rapidez
Si durante el término previsto las partes alcanzaran un acuerdo, este tendrá plena fuerza vinculante (será susceptible de ejecución en caso de incumplimiento, como sucede con las sentencias), salvo que hayan intervenido menores o incapaces. En estos últimos casos, habrá que homologar el acuerdo judicialmente.
Si las partes, en cambio, no lograran un acuerdo, será labrada un acta y el reclamante quedará habilitado para recurrir a la vía judicial; con tal fin deberá acompañará la constancia de haber intentado la mediación obligatoria.
Las audiencias se desarrollarán en las 20 oficinas (distribuidas en la capital) que ya fueron habilitadas por el Centro de Mediación Judicial, aunque aquellos profesionales que aún no cuenten con un espacio propio podrán hacerlo en uno especialmente habilitado en el segundo piso del Palacio de Justicia. A partir de septiembre, habrá seis salas disponibles en el edificio de los tribunales ubicados en 24 de Septiembre al 600.
Al margen de que la mediación será obligatoria en tres juzgados, también podrá recurrirse a ella optativamente, cualquiera sea el despacho o fuero en el que se tramitara la causa, siempre que la materia sobre la que versara la controversia no estuviera expresamente vedada por la Ley 7.844.
Como consecuencia, Weyrauch considera que los abogados son clave en la difusión de las posibilidades de la mediación. "Ellos tienen la obligación ética de informarles a sus clientes que disponen de más de una alternativa para resolver el conflicto", alertó.
Jorge Contrera, secretario del Colegio de Abogados, destacó que la intervención de esta institución, así como de la que agrupa a los letrados del sur, ha sido fundamental para el éxito del plan piloto, sin el cual hoy no se podría marchar hacia la mediación obligatoria. Por eso, expresó a LA GACETA: "la habilitación de los mediadores debería estar en cabeza de los dos colegios de abogados. Es más: no surge ningún impedimento de los artículos 4 y 6 de la Ley 7.844, que obstaculice esta posibilidad. Esto será evaluado durante una sesión conjunta de los dos colegios profesionales (el de la capital y el que tiene sede en Concepción) el 9 de junio".
Contrera insistió en el mismo concepto: "el éxito de la implementación depende de la conformación de un registro con mediadores capaces, como el que hay ahora. Pero debe articularse un sistema de ingreso anual, para brindarles posibilidad a todos los abogados que quieran perfeccionar y optar por ser mediadores".