La cifra de incumplimientos habla por sí sola: de los 30 partidos reconocidos en Tucumán por la Justicia Electoral Nacional (JEN), 26 -casi el 90%- acarrean sanciones o multas por no dar detalles del uso dado a los recursos públicos que les proporcionó el Estado para su funcionamiento.

La magnitud del número de agrupaciones que infringieron las normas se dimensiona cuando se advierte que estas penalidades no comprenden aún los retrasos evidenciados en la presentación de los balances de ingresos y egresos correspondientes a 2009. En rigor, tal como publicó LA GACETA el martes, son 15 los movimientos políticos que adeudan la presentación de ese informe, pese a que el plazo legal expiró el 31 de marzo pasado.

El informe al que accedió este medio, actualizado al 23 de abril por la Cámara Nacional Electoral, da cuenta de los tipos de penalidades (van desde multas pecuniarias hasta la pérdida total de los aportes oficiales) y de los motivos que derivaron en las sanciones. Lo llamativo es que sólo cuatro expresiones inscriptas ante la JEN (además de todos los cargos provinciales pueden proponer candidatos para senadores y diputados nacionales) no figuran en la lista de sancionados: el Partido Justicialista (PJ), El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Partido Laborista (PL) y Cambio Democrático (CD).

Como contrapartida, tanto expresiones oficialistas como opositoras aparecen en la nómina de incumplidos. En todos los casos, las penas fueron impuestas por no cumplir con lo estipulado en la Ley Nº 26.215 (de financiamiento de los partidos). Como la Nación les aporta recursos para su desenvolvimiento institucional y para afrontar una campaña electoral, los responsables de las fuerzas políticas tienen la obligación de rendir cuenta del destino que dieron a los dineros públicos.

En mora

El informe oficial presenta algunas particularidades. Por ejemplo, que hay partidos con sanciones impuestas hace cinco años y que aún figuran como impuestas por la JEN. Esto significa que no regularizaron la mora. Este es el caso del Movimiento Popular Tucumano, que nunca presentó -según el registro oficial- el balance de 2003 y que, por ende, perdió los aportes institucionales de la Nación. La sanción fue aplicada por las autoridades electorales en agosto de 2005.

Otras estructuras tienen más de un expediente iniciado en su contra y, por lo tanto, más de una sanción o multa en curso. De hecho, hay agrupaciones que adeudan el balance contable de 2003 o la rendición de los gastos de campaña de ese año. Como cada trámite corre por separado y la Ley Nº 26.215 establece plazos para el agravamiento de las sanciones, hay un total 84 expedientes acumulados contra agrupaciones locales en la Cámara Electoral Nacional. Al tope de la grilla de incumplidos aparece el Partido Federal (nueve castigos) y el Movimiento Libres del Sur (ocho sanciones, tres de su ex denominación: Corriente Patria Libre).

Pérdidas económicas
Sancionada tras la crisis de diciembre de 2001, la Ley 25.600 (de Financiamiento de los partidos) fue impulsada en el afán de hacer más transparente la actividad política. No obstante, fue modificada dos años después por la Ley 26.215, que eliminó la prohibición de los partidos sancionados para presentar candidaturas.

En rigor, los castigos son sólo económicos. A partir del vencimiento de los plazos, comienza a correr una multa del 0,2% del fondo partidario por cada día de demora en cumplimentar la presentación del ejercicio anual. En cada expediente, la Justicia Electoral intima a los partidos a regularizar la situación en un plazo máximo de 90 días (por ello, la multa máxima sería del 18%), bajo apercibimiento de declarar la suspensión cautelar de todos los aportes del Estado que pudiera percibir cada agrupación.