MADRID.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó ayer al conservador Partido Popular (PP) de España de haber apoyado un intento de golpe de Estado contra su gobierno en septiembre de 2008, pero tanto el grupo político como el canciller español Miguel Angel Moratinos rechazaron la acusación. "Ninguna formación política española ha tenido nada que ver con eso", dijo Moratinos después de que dirigentes del PP calificaron tales dichos de ofensa para España y los españoles. "El PP y cualquier otro partido español sabe lo que es la defensa democrática e institucional", agregó.
Durante una rueda de prensa, en el marco de la cumbre euro-latinoamericana que se celebra en Madrid, Morales dijo que el PP apoyó la intentona mediante una fundación afín. "Está en los periódicos", argumentó para justificar su afirmación, pero sin dar el nombre de la fundación.
El embajador Goldberg
El Gobierno boliviano había acusado ya a la Fundación Iberoamérica-Europa, cercana al PP, de financiar el presunto golpe con unos 250.000 euros que habría recibido un grupo de mercenarios. Morales aclaró, sin embargo, que el primer conspirador fue el embajador de EEUU, Philip Goldberg, que fue declarado persona no grata y abandonó el país en septiembre de 2008. en tono de broma, Morales agregó que en Estados Unidos no hay golpe de Estado "porque ellos no pueden tener adentro un embajador de los suyos".
Según Morales, la oposición conservadora boliviana y un "grupo separatista" de Santa Cruz de la Sierra intentaron derrocarlo mediante un referendo revocatorio de su mandato, pero al no conseguirlo alentaron "un golpe de Estado, que felizmente fracasó". Morales fue ratificado en la consulta popular de agosto de 2008 con más del 67% de los votos. El mandatario agregó que tales hechos todavía se están investigando y que algunos de los instigadores, a quienes no identificó, han huido del país. "Eso quiere decir que son verdaderamente delincuentes confesos", puntualizó. "Si no tuvieran nada que ver, no se habrían escapado", subrayó. Actualmente, varios dirigentes políticos de la oposición afrontan cargos judiciales por diversos motivos. (DPA)