Las acusaciones sobre un supuesto manejo irregular en las adjudicaciones de obras para la construcción de módulos habitacionales por parte de las cooperativas de trabajo llegaron ayer a la Justicia Federal.
El dirigente radical de la capital José Francisco Argañaraz presentó una denuncia ante el Juzgado Federal N1, a cargo de Daniel Bejas, por la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, exacciones ilegales, y falsificación de instrumentos públicos.
"Conforme es de público conocimiento, en virtud de la difusión de medios periodísticos, se han realizado diversas denuncias de los representantes de cooperativas beneficiarias, relativas a múltiples irregularidades que hacen a la realización de obras en inmuebles que serían propiedad de familiares de funcionarios municipales, como así también la compra obligatoria de los materiales en corralones vinculados igualmente a funcionarios municipales", explicó Argañaraz, secretario general de la convención provincial de la UCR, en la demanda judicial. "Mayor gravedad revisten las denuncias -prosiguió el dirigente- revisten las denuncias en orden a la existencia de medidas compulsivas sobre las autoridades de las cooperativas tendientes a materializar la cesión de las obras previstas en un convenio, a favor de empresas constructoras o personas físicas, bajo amenazas de no recibir nuevas adjudicaciones de obras".
Con el patrocinio del abogado Julio César Herrera, Argañaraz efectuó la presentación de la denuncia en la que menciona un conjunto de copias de remitos de materiales de construcción que fueron remitidos por corralones al domicilio particular de la Roxana Ledesma de Leal, coordinadora de la unidad ejecutora de la capital. "Existiría una maniobra en la cual funcionarios municipales adjudican discrecionalmente las obras", resaltó Argañaraz.
Por su parte, un grupo de cooperativistas solicitó una audiencia al intendente de la capital, Domingo Amaya, a fin de plantearle las preocupaciones sobre la ejecución del programa, según señala el escrito firmado por Liliana Lazarte y Estela Godoy, entre otros.