Los representantes de los magistrados (Eudoro Albo y Augusto Avila) fueron los primeros en mocionar que se le diera a Pablo Martín Mercado la oportunidad de que pueda ejercer el derecho de defensa antes de que el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) decida si corresponde excluirlo del concurso convocado para la cobertura del cargo de secretario (por haber omitido en su currículo los cargos públicos que lo vinculaban a la consejera Carolina Vargas Aignasse). En el otro extremo, el legislador opositor Esteban Jerez defendió con ahínco la postura de que no había que dilatar la definición.
Avila argumentó que, frente a la posibilidad de que se judicializara la cuestión, había que evitar que se le conculcara a Mercado "el derecho constitucional de ejercer su defensa en juicio".
En el mismo sentido, Albo esgrimió que el CAM debía emitir un juicio complejo en torno de la situación suscitada. "Hay que evaluar la incidencia de la omisión, el momento en que ocurrió, los derechos que podrían haber sido afectados o la incidencia final en la decisión del tribunal que evaluó los exámenes", expresó.
En cambio, Jerez pretendía que el caso fuera resuelto ayer nomás. "El CAM, que tanto nos costó y que contaba con altísimos niveles de credibilidad (social), actualmente se encuentra fuertemente cuestionado. La decisión que tomemos determinará la suerte de esta institución", dijo.
El legislador insistió en que hay "un hecho incontrastable" (en alusión a la omisión de la información que vinculaba a Mercado con Vargas Aignasse), razón por la que destacó que el CAM, a partir de las facultades que le otorga el Reglamento, podía resolver inmediatamente si correspondía excluir al postulante.
En la misma línea, se pronunciaron Jorge Cinto y Carlos Correa, representantes de los abogados del sur. "La omisión tiene entidad y merece ser considerada", manifestó el primero, mientras que el segundo agregó: "la vista que se le corre a Mercado no aportará nada nuevo, y no cambiará la situación".