La intolerancia y la maledicencia se han instalado desde hace un tiempo en la sociedad, en particular en la clase dirigente, lo que es más preocupante aún. Como consecuencia de esta estado de confrontación casi permanente, surgieron los mentados escraches. Según el "Diccionario del habla de los argentinos", el escrache es una denuncia popular en contra de personas acusadas de violaciones a los derechos humanos o de corrupción, que se realiza mediante actos tales como sentadas, cánticos o pintadas, frente a su domicilio particular o en lugares públicos.
La semana pasada afiches anónimos aparecieron en el centro porteño con las caras y nombres de 12 periodistas que pertenecen al grupo Clarín y a otros medios, a los que se descalificaba. Estos fueron colocados durante la marcha a Tribunales en favor de la nueva Ley de Radiodifusión. El episodio provocó la inmediata reacción de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) que le pidió al "Gobierno de los argentinos" que protegiera a los periodistas de la acción de grupos afines que, con sus mensajes públicos "sembrados al voleo" mediante la pegatina de carteles con fotografías, pueden generar "reacciones peligrosas" contra los señalados.
La entidad afirmó que la pegatina en la vía pública de carteles con imágenes de periodistas que trabajan en medios del Grupo Clarín, la agresión callejera al conductor radial y televisivo Fernando Bravo o la amenaza a un periodista del sitio Perfil.com, sucesos registrados el 15 de abril pasado, "son variantes del autoritario y reprobable método del escrache que, cada vez con mayor frecuencia, practican grupos kirchneristas". Adepa se refirió en particular a "la acción de sectores afines al Gobierno" contra periodistas, "cuyas investigaciones y opiniones revelan, cuestionan o critican posiciones, conductas y decisiones asumidas por el poder gobernante". En un tono similar, se expidió el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), organización que reúne a 300 periodistas de distintos medios de todo el país. Ante esta pegatina que intenta deshonrar y denigrar a periodistas, con un procedimiento cobarde que se acerca a las prácticas de señalamiento fascistas, Fopea advirtió acerca de la peligrosidad de este episodio para toda la sociedad argentina, no sólo para quienes ejercemos el periodismo. "Esta clase de hostigamiento genera un clima de presión a los profesionales y podría desencadenar situaciones de mayor gravedad", aseveró.
Una semana después y tras el anuncio de una de una convocatoria de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo para cuestionar a sectores de la prensa, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, negó conocer a los autores de los afiches anónimos y sostuvo que esa "es una manera horrible de expresarse". "No sé quién hizo los afiches ni con qué fin. No es saludable, no es constructivo.", dijo.
Se trata, por cierto, de un nuevo ataque a la libertad de prensa que nos remonta a diversas épocas de nuestra historia, donde se promovió la persecución política a quienes no pensaran con el poder de turno, la delación, el anónimo descalificador y cobarde, métodos propios del fascismo que atentan contra la democracia.
Esta metodología del escrache a la que se ha recurrido en los últimos tiempos para descalificar y avasallar a las personas, es un reflejo de la incapacidad de nuestra sociedad para escuchar, entender y aceptar a quien no piensa como uno. "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión", reza el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.