¿Cómo ingresa la droga a la cárcel? La pregunta que ronda por la cabeza de varios jueces desde hace mucho tiempo, ya tiene algunas respuestas. Ayer, un preso describió por escrito a la Justicia las distintas formas en que las sustancias ilegales llegan a mano de los reclusos, y señaló a tres guardias como los encargados de la venta, que se suman a otros tres que habían sido señalados anteriormente por otro interno.
La presentación que realizó el reo, a través de su abogado, llegó a las manos del juez Carlos Francisco Ruiz Vargas. En ella, explicó que la principal vía de ingreso de estupefacientes en el penal, es a través de los guardiacárceles. Además, familiares de presos también oficiarían de proveedores; en este caso con la anuencia de algunos agentes penitenciarios.
Según informaron fuentes judiciales, en el escrito también se describe la modalidad de las "palomitas", que son paquetes que contienen unos 200 a 250 gramos de marihuana o cocaína, y que son arrojadas a la madrugada por arriba de los muros. Los paquetes caen en los patios del penal y son recogidos por los mismos reclusos, que ya saben de antemano en qué zona caerán.
Más involucrados
El interno aportó los nombres de tres guardias que participarían activamente del comercio de sustancias ilícitas dentro de los muros de Villa Urquiza. De acuerdo a lo precisado por fuentes judiciales, se sumarían a los otros tres nombres señalados la semana pasada por un recluso como supuestos dealers, y cuyas actuaciones ya se encuentran en manos de la Justicia Federal.
En la presentación constaría que dos presos serían "socios" de los guardiacárceles. Sin embargo, el interno que realizó la denuncia prefirió no identificar a sus compañeros de encierro, por temor a represalias.
A diferencia del preso que envió una carta a Ruiz Vargas, en este caso no se trasladará al denunciante a otra dependencia. Sucede que se trata de un detenido que no está bajo la órbita de la Sala VI de la Cámara Penal (integrada por Ruiz Vargas, Alicia Freidenberg y Marta Cavallotti), por lo cual se considera que no corre peligro su integridad, ya que no sería fácil de identificar.
Con esta presentación, se consolidaría la hipótesis de Ruiz Vargas de que se trataría de una organización bien montada y aceitada.
El camarista enviará la declaración del recluso al fiscal federal Antonio Gustavo Gómez, que viene recibiendo las presentaciones enviadas desde la Justicia Provincial. El silencio que suele imperar tras los muros de la penitenciaría parece romperse de a poco, y los internos se estarían animando a denunciar el tráfico de droga.
Para evitar que los reos puedan comprar las sustancias ilegales, Ruiz Vargas había determinado la semana pasada que no se permita el ingreso de plata al penal. "No tiene sentido que los internos manejen dinero. Las cárceles no son bancos ni shoppings", había expresado el camarista.
Evolución
La directora del Hospital Psiquiátrico Obarrio, Nélida Romano, respondió al oficio enviado por el juez e indicó que el preso que se encuentra en tratamiento en el nosocomio evoluciona favorablemente y que pronto podría recibir la asistencia médica de manera ambulatoria. Ruiz Vargas comenzó a inmiscuirse en la problemática del consumo de estupefacientes en Villa Urquiza luego que, en noviembre, los agentes penitenciarios descubrieron a un recluso, a cargo del tribunal, con droga en su celda.
Por ello, se había dispuesto que al grupo de 78 internos pertenecientes a esta sala, se le realizarán estudios de orina. El informe parcial de los médicos forenses indicó que 13 de 24 presos habían consumido marihuana, cocaína y otras sustancias. El análisis aún no fue completado. Con esos resultados, el juez había ordenado que los presos adictos fueran alojados en el Obarrio para recibir el tratamiento adecuado.
Esa decisión derivó en las protestas que realizó el personal del nosocomio, que se rehusaba a tratar a los reos, aduciendo que en el Hospital no estaban preparados para recibirlos. De todas maneras, los especialistas tuvieron que revisar a ocho reclusos, y evaluaron que sólo uno de ellos debía quedar internado. El resto regresó al penal. Desde el Poder Ejecutivo, el ministro de Salud Pablo Yedlin se comprometió a enviar psicólogos y psiquiatras a Villa Urquiza para que colaboren con el tratamiento de rehabilitación de los internos que lo requieran.
Ruiz Vargas envió oficios a distintas dependencias para que informen, desde el área que les corresponda, como podían aportar para solucionar la problemática. Hasta ayer, solamente el secretario de Adicciones, Alfredo Miroli, y la directora del Obarrio respondieron a los pedidos.
La presentación que realizó el reo, a través de su abogado, llegó a las manos del juez Carlos Francisco Ruiz Vargas. En ella, explicó que la principal vía de ingreso de estupefacientes en el penal, es a través de los guardiacárceles. Además, familiares de presos también oficiarían de proveedores; en este caso con la anuencia de algunos agentes penitenciarios.
Según informaron fuentes judiciales, en el escrito también se describe la modalidad de las "palomitas", que son paquetes que contienen unos 200 a 250 gramos de marihuana o cocaína, y que son arrojadas a la madrugada por arriba de los muros. Los paquetes caen en los patios del penal y son recogidos por los mismos reclusos, que ya saben de antemano en qué zona caerán.
Más involucrados
El interno aportó los nombres de tres guardias que participarían activamente del comercio de sustancias ilícitas dentro de los muros de Villa Urquiza. De acuerdo a lo precisado por fuentes judiciales, se sumarían a los otros tres nombres señalados la semana pasada por un recluso como supuestos dealers, y cuyas actuaciones ya se encuentran en manos de la Justicia Federal.
En la presentación constaría que dos presos serían "socios" de los guardiacárceles. Sin embargo, el interno que realizó la denuncia prefirió no identificar a sus compañeros de encierro, por temor a represalias.
A diferencia del preso que envió una carta a Ruiz Vargas, en este caso no se trasladará al denunciante a otra dependencia. Sucede que se trata de un detenido que no está bajo la órbita de la Sala VI de la Cámara Penal (integrada por Ruiz Vargas, Alicia Freidenberg y Marta Cavallotti), por lo cual se considera que no corre peligro su integridad, ya que no sería fácil de identificar.
Con esta presentación, se consolidaría la hipótesis de Ruiz Vargas de que se trataría de una organización bien montada y aceitada.
El camarista enviará la declaración del recluso al fiscal federal Antonio Gustavo Gómez, que viene recibiendo las presentaciones enviadas desde la Justicia Provincial. El silencio que suele imperar tras los muros de la penitenciaría parece romperse de a poco, y los internos se estarían animando a denunciar el tráfico de droga.
Para evitar que los reos puedan comprar las sustancias ilegales, Ruiz Vargas había determinado la semana pasada que no se permita el ingreso de plata al penal. "No tiene sentido que los internos manejen dinero. Las cárceles no son bancos ni shoppings", había expresado el camarista.
Evolución
La directora del Hospital Psiquiátrico Obarrio, Nélida Romano, respondió al oficio enviado por el juez e indicó que el preso que se encuentra en tratamiento en el nosocomio evoluciona favorablemente y que pronto podría recibir la asistencia médica de manera ambulatoria. Ruiz Vargas comenzó a inmiscuirse en la problemática del consumo de estupefacientes en Villa Urquiza luego que, en noviembre, los agentes penitenciarios descubrieron a un recluso, a cargo del tribunal, con droga en su celda.
Por ello, se había dispuesto que al grupo de 78 internos pertenecientes a esta sala, se le realizarán estudios de orina. El informe parcial de los médicos forenses indicó que 13 de 24 presos habían consumido marihuana, cocaína y otras sustancias. El análisis aún no fue completado. Con esos resultados, el juez había ordenado que los presos adictos fueran alojados en el Obarrio para recibir el tratamiento adecuado.
Esa decisión derivó en las protestas que realizó el personal del nosocomio, que se rehusaba a tratar a los reos, aduciendo que en el Hospital no estaban preparados para recibirlos. De todas maneras, los especialistas tuvieron que revisar a ocho reclusos, y evaluaron que sólo uno de ellos debía quedar internado. El resto regresó al penal. Desde el Poder Ejecutivo, el ministro de Salud Pablo Yedlin se comprometió a enviar psicólogos y psiquiatras a Villa Urquiza para que colaboren con el tratamiento de rehabilitación de los internos que lo requieran.
Ruiz Vargas envió oficios a distintas dependencias para que informen, desde el área que les corresponda, como podían aportar para solucionar la problemática. Hasta ayer, solamente el secretario de Adicciones, Alfredo Miroli, y la directora del Obarrio respondieron a los pedidos.