La escena parece sacada de una novela de ciencia ficción, pero se vuelve cada vez más habitual en el paisaje urbano: una persona se interpone en el camino de un robot repartidor, lo bloquea o intenta frenar un taxi sin conductor y termina detenida por la policía. A medida que la automatización avanza sobre las calles y las veredas, la convivencia cotidiana con estas máquinas empieza a generar los primeros conflictos reales. Un interrogante legal inesperado se genera sobre los límites de nuestra conducta frente a un dispositivo autónomo.

Del sabotaje callejero a la comisaría

En ciudades donde la logística automatizada lleva años de despliegue, las fuerzas de seguridad debieron intervenir en reiteradas ocasiones ante ataques o bloqueos deliberados. Uno de los episodios más llamativos ocurrió en San Francisco, donde grupos de manifestantes y vecinos descubrieron que bastaba con apoyar un cono de tránsito sobre el capó de los taxis autónomos de firmas como Waymo o Cruise para cegar sus sensores y dejarlos inmóviles en medio de la calzada.

Lo que empezó como una protesta simbólica derivó en multas y arrestos por obstrucción de la vía pública e interferencia con el tránsito. Casos similares se multiplicaron en distintas escalas. En campus universitarios y barrios residenciales de Estados Unidos donde operan flotas de pequeños robots repartidores de comida, varios peatones fueron detenidos tras patearlos, volcarlos o impedirles el paso de forma reiterada.

En ciudades de Arizona como Phoenix y Chandler, la policía arrestó a conductores que cruzaban sus automóviles delante de unidades autónomas para obligarlas a frenar de golpe, imputándolos por conducción temeraria. Incluso en California, un hombre terminó procesado por agresión y vandalismo tras derribar a golpes a un robot de vigilancia en un estacionamiento; el propio dispositivo grabó el ataque y envió una alerta automática que permitió su captura en pocos minutos.

Desembarco local y normas

Este escenario dejó de ser exclusivo del hemisferio norte para acercarse a nuestra región. Tras la incorporación de los vehículos autónomos en la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito en 2025, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó en agosto de 2026 un marco formal para realizar pruebas piloto en el espacio público con autos de conducción autónoma de nivel 4 y robots terrestres de reparto o servicios urbanos. Aunque se trata de ensayos controlados bajo supervisión oficial, la medida abre la puerta para que estas tecnologías comiencen a compartir veredas y avenidas con peatones y automovilistas porteños.  

Ante esta irrupción tecnológica surge una pregunta lógica: ¿hará falta sancionar leyes especiales para proteger a los robots de la hostilidad humana? La experiencia internacional sugiere que, al menos en lo penal y contravencional, el andamiaje jurídico actual ya resulta suficiente. Los códigos vigentes no necesitan otorgarles "personalidad jurídica" ni considerarlos sujetos de derecho para castigar a quien los sabotea.

En la práctica, los jueces y policías encuadran estas conductas en figuras tradicionales como daño a la propiedad privada, obstrucción del tránsito, alteración del orden público o tentativa de robo si alguien intenta forzar su compartimento de carga. No tienen rostro ni emociones, pero en el espacio público los robots ya cuentan con el respaldo de la ley para seguir trabajando.