La falta de políticas públicas y de recursos de asistencia condiciona la vida adulta de las personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo en Argentina. La ausencia de acompañamiento estatal limita sus posibilidades de tomar decisiones, acceder a un empleo y participar de la vida social, mientras que las familias terminan asumiendo gran parte de las tareas de cuidado. Así lo advierte una investigación presentada por la Red de Asistencia Legal y Social (RALS).
El estudio, titulado Entre la autonomía y la supervivencia: desafíos en la construcción de la vida adulta de personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo en Argentina, fue conducido por las investigadoras Carolina Ferrante y Karina Brovelli. El relevamiento incluyó experiencias de diez jurisdicciones, entre ellas Tucumán y Salta, además de la Ciudad de Buenos Aires, el Área Metropolitana de Buenos Aires, Chubut, Santa Fe, Neuquén, Corrientes, San Juan y Mendoza.
La investigación pone el foco en una etapa que, según sus autoras, permanece relegada en las discusiones sobre discapacidad y cuidados: el paso a la adultez. También cuestiona que las respuestas institucionales pierdan continuidad cuando las personas dejan atrás la infancia y la adolescencia.
Discapacidad y autonomía: qué obstáculos aparecen en la vida adulta
El informe sostiene que la autonomía no significa que una persona deba desenvolverse sin ayuda, sino que pueda tomar decisiones sobre su propia vida con los apoyos necesarios. Este enfoque está contemplado en el Modelo Social de la Discapacidad y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada con jerarquía constitucional en Argentina mediante la Ley 27.044.
Sin embargo, las investigadoras identificaron prácticas de infantilización y prejuicios capacitistas que ponen en duda la capacidad de decisión de las personas adultas con discapacidad. Estas situaciones aparecen tanto en los vínculos familiares como en los espacios públicos y los servicios de salud.
En los testimonios recogidos en el Noroeste Argentino, Pablo, de 34 años y con discapacidad motora, describió cómo la falta de asistencia personal y de transporte accesible condiciona sus actividades cotidianas. Según expresó, esas limitaciones afectan incluso su posibilidad de decidir sobre su propia existencia.
Ana, de 53 años y con discapacidad motora e intelectual, planteó otras necesidades: tener mayor libertad para elegir qué hacer, conseguir un trabajo estable y administrar su propio dinero.
La presidenta de RALS, Elizabeth Aimar, advirtió sobre la falta de visibilidad de esta problemática: “La intersección de adultez y discapacidad está ausente de los debates públicos actuales”. También señaló que, sin los apoyos necesarios, se restringe la posibilidad de participar plenamente en la sociedad.
Asistentes personales, empleo y accesibilidad: las barreras que identifica el informe
La investigación señala tres grandes grupos de dificultades que afectan la independencia y la participación social de las personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo.
Uno de ellos es la falta de regulación integral de los asistentes personales. A diferencia de otras prestaciones contempladas en la Ley 24.901, Argentina no cuenta con una normativa que organice de manera integral esta figura, orientada a brindar asistencia bajo la dirección de la propia persona.
A esto se suman la precariedad laboral, la falta de trabajadores capacitados, las demoras en los pagos y los obstáculos administrativos para conseguir coberturas de obras sociales y empresas de medicina prepaga. Las dificultades se profundizan en las provincias y localidades con menor disponibilidad de recursos.
Otro problema es el acceso al empleo. El estudio advierte que los prejuicios sobre la productividad de las personas con discapacidad y las incompatibilidades normativas entre el trabajo formal y determinadas pensiones pueden empujar a muchas de ellas hacia la informalidad o situaciones de vulnerabilidad económica.
La accesibilidad también aparece como un condicionante. Las barreras en el transporte público, las veredas, los baños y los espacios recreativos y culturales restringen la participación comunitaria. El impacto alcanza también la vida afectiva y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
El peso de los cuidados recae principalmente en las familias
Uno de los aspectos centrales del relevamiento es el impacto de la falta de respuestas estatales sobre los hogares. Cuando no existen apoyos suficientes, las familias deben organizar los cuidados cotidianos, coordinar terapias, gestionar trámites y realizar reclamos ante las prestadoras de salud.
Esta responsabilidad recae principalmente sobre las mujeres, en especial madres, hermanas y otras familiares. Según el informe, la sobrecarga afecta su salud física y mental, sus posibilidades de descanso, su desarrollo profesional y su economía.
La investigación también advierte sobre la incertidumbre que atraviesan las familias respecto del futuro de las personas con discapacidad, especialmente cuando los referentes afectivos envejecen y no existen alternativas habitacionales o sistemas de asistencia que garanticen la continuidad de los cuidados.
Qué propone RALS para garantizar la autonomía de las personas con discapacidad
Frente a este escenario, la Red de Asistencia Legal y Social propone pasar de una autonomía de supervivencia a una autonomía de derecho. La primera depende de los recursos económicos, la disponibilidad de familiares y el lugar de residencia; la segunda supone que el acceso a los apoyos esté garantizado como parte del ejercicio de derechos.
Entre las principales recomendaciones del estudio se encuentran:
- Crear un sistema integral de cuidados y apoyos, con enfoque de derechos y mayor disponibilidad de especialistas en las provincias.
- Regular y profesionalizar la asistencia personal, para garantizar condiciones laborales adecuadas y continuidad en las prestaciones.
- Promover alternativas habitacionales comunitarias y entornos accesibles que permitan elegir dónde y con quién vivir.
- Revisar los sistemas de salud y seguridad social, para agilizar trámites y eliminar obstáculos en el acceso a las prestaciones.
- Impulsar la corresponsabilidad de género en las tareas de cuidado y desarrollar campañas contra el capacitismo y la infantilización.
- Garantizar la participación de las personas con discapacidad y sus familias en el diseño y la evaluación de las políticas públicas.
El trabajo tuvo un carácter cualitativo y exploratorio, por lo que no pretende representar estadísticamente a toda la población. Se basó en 15 entrevistas en profundidad a personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo, familiares e informantes clave de diez jurisdicciones. También incluyó herramientas diseñadas y supervisadas junto con integrantes de RALS y un resumen adaptado a lectura fácil, elaborado con Lengua Franca.
El relevamiento vuelve a poner en discusión una cuestión que excede el acceso a prestaciones: las condiciones materiales y sociales que permiten a las personas con discapacidad construir un proyecto de vida propio durante la adultez.