Demoler un inmueble no se limita a derribar paredes y retirar escombros, sino que genera importantes costos de obra, logística y gestión de residuos. Una referencia del Generador de Precios de la Construcción de CYPE estima en $86.000.000 el costo de demoler un edificio de 900 metros cuadrados, distribuido en tres plantas, con estructura de hormigón y retiro de escombros. Sin embargo, ese monto no contempla la demolición de las fundaciones ni la tasa por entrega de residuos a un gestor autorizado. En este marco, extender la vida útil de lo construido empieza a formar parte central de la discusión sobre sustentabilidad.

Reparar estructuras de hormigón, reforzar elementos existentes, resolver problemas de humedad e impermeabilización y recuperar superficies deterioradas pueden prolongar el uso de una obra. No obstante, conservar no siempre es la mejor alternativa, ya que el estado estructural, la seguridad, el uso previsto y la magnitud de las reformas resultan determinantes.

Sustentabilidad y ciclo de vida

La economía circular aplicada a la construcción busca que los materiales y las estructuras permanezcan en uso durante más tiempo. Para medir este impacto con rigurosidad, los análisis de ciclo de vida contemplan las distintas etapas de un producto, desde la extracción de materias primas hasta su disposición final, incluyendo producción, embalaje y utilización. 

Durante 2025, el grupo MAPEI especialistas en la fabricación de productos químicos para la construcción, desarrolló 198 nuevas Declaraciones Ambientales de Producto (EPD), alcanzando un total de 514. Asimismo, investigaciones realizadas junto a la Universidad Federico II de Nápoles evaluaron soluciones destinadas a la restauración estructural de obras de hormigón sometidas a cargas cíclicas.

De este modo, la durabilidad y el mantenimiento preventivo se incorporan como variables fundamentales tanto ambientales como económicas. Si una estructura puede adaptarse manteniendo las condiciones de seguridad necesarias, esa alternativa merece ser evaluada técnicamente.

Riesgo edilicio en la provincia

Cuando la conservación no es factible por razones de seguridad, las ciudades deben aplicar controles estrictos para evitar colapsos. En San Miguel de Tucumán, el municipio implementó el programa Operativo Fachadas y Edificaciones en Riesgo (OFER), mediante un trabajo conjunto entre Catastro y Edificación y Defensa Civil. Este relevamiento identificó 56 edificaciones con peligro de derrumbe y otras 80 propiedades cuyos frentes requieren reparaciones.

Las fachadas identificadas se clasifican según los colores del semáforo: rojo para peligro inminente con un plazo de 24 horas para regularizar, amarillo para riesgo no inminente con 72 horas para presentar un plan de obras, y verde para aspectos estéticos con 7 días para tramitar arreglos. 

Hasta agosto se detectaron 12 fachadas en rojo, de las cuales cuatro fueron derrumbadas preventivamente. A través de denuncias por WhatsApp (3813647181) las 24 horas, clausuras e intimaciones con multas, se busca que los propietarios asuman la responsabilidad de mantener inmuebles seguros.