Mientras se transita la etapa final de la cosecha de los cultivos invernales de granos y se prepara una nueva campaña de soja, maíz, poroto, sorgo y otros cultivos de producción estival, vale la pena reflexionar sobre la conveniencia de recurrir al uso de semilla fiscalizada, por diversos motivos.

En primer lugar, la semilla fiscalizada es aquella cuya producción se realiza bajo el control oficial del Instituto Nacional de Semillas (Inase), cumpliendo con normas específicas de origen, de pureza varietal, de sanidad y de poder germinativo. Su producción es supervisada en las distintas etapas del proceso -desde el cultivo y la cosecha hasta el acondicionamiento y los análisis correspondientes- por inspectores del Inase o por agentes acreditados. De esta manera, el productor que adquiere este tipo de semilla cuenta con garantías sobre su identidad varietal y sobre su calidad. Esto contribuye a lograr una buena implantación del cultivo, una adecuada sanidad inicial y el comportamiento esperado de la variedad elegida, indicó el investigador y ex director técnico de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres Daniel Ploper.

El uso de semilla fiscalizada contribuye al reconocimiento de los derechos de los obtentores de nuevas variedades, tanto de especies autógamas (como soja, poroto, trigo y garbanzo) como de especies de propagación agámica o clonal (como la caña de azúcar).

En este sentido, resulta importante analizar qué implica desarrollar una nueva variedad y el esfuerzo que demanda esta actividad. Las nuevas variedades suelen ofrecer ventajas significativas, como mayor productividad, mejor calidad, resistencia a factores bióticos o tolerancia a factores abióticos, características que se traducen en beneficios concretos para los productores y, en muchos casos, también para los consumidores.

A modo de ejemplo, obtener una nueva variedad de soja requiere habitualmente entre ocho y 10 años de trabajo. Este período puede reducirse aproximadamente a la mitad en aquellos programas que utilizan metodologías que permiten acelerar el avance de generaciones, ya sea mediante la realización de cultivos en distintas localidades o bajo condiciones ambientales controladas. En términos generales, se necesitan entre 10 y 12 generaciones para completar el proceso de mejoramiento. Dependiendo de la metodología utilizada y de la capacidad operativa y económica del programa, es posible alcanzar resultados en un plazo mínimo de unos seis años y avanzar hacia la multiplicación de la nueva variedad a escala comercial. Si, además, se incorporan eventos biotecnológicos, deben considerarse años adicionales destinados a su investigación, a su desarrollo y a su desregulación en los distintos países.

En cuanto al costo de obtener una nueva variedad, este depende de la magnitud de las inversiones destinadas al programa, que varían según se trate de instituciones públicas o de empresas privadas, según el alcance geográfico de estas últimas y según las expectativas del mercado. Un programa de mejoramiento varietal requiere equipos de trabajo interdisciplinarios, con especialistas en genética, en mejoramiento, en biotecnología, en fitopatología, en entomología y en semillas, entre otras disciplinas. También necesita una importante infraestructura, que incluye campos de cría y de ensayos, galpones, maquinaria, vehículos, laboratorios, instrumental e invernaderos. A ello se suma la disponibilidad de germoplasma -colecciones de variedades y líneas que aporten diversidad genética-, de capacidades biotecnológicas y de estructuras para la multiplicación de semilla básica.

Es necesario enfatizar que todo esto demanda importantes recursos económicos y humanos, cuyo esfuerzo debe sostenerse y potenciarse a lo largo del tiempo si se pretende alcanzar resultados exitosos y desarrollar variedades de alto impacto, que representen ventajas reales para los productores y para los consumidores.

La Ley nacional Nº 20.247 (de Semillas y Creaciones Fitogenéticas), sancionada en 1973, establece tres excepciones al derecho exclusivo del obtentor: la excepción de consumo; la del agricultor, que le permite utilizar semillas de una variedad protegida para su propia siembra en su explotación; y la del fitomejorador, que lo habilita a utilizar libremente una variedad protegida como fuente de germoplasma para desarrollar una nueva variedad vegetal, siempre que no exista una utilización repetitiva de la variedad original.

La excepción del agricultor plantea una problemática particular, especialmente en los cultivos de especies autógamas y de especies de reproducción agámica. Se trata de una práctica ampliamente instalada y contemplada en la legislación, mediante la cual el productor puede reservar y utilizar sin costo adicional parte de su propia producción como semilla para futuras siembras. A esta situación se suma, en algunos casos, la comercialización ilegal de semilla que no cumple con los requisitos establecidos. Como consecuencia, numerosos criaderos medianos y pequeños dedicados exclusivamente al mejoramiento de especies autógamas han tenido que cerrar sus puertas a lo largo de los años, al no poder sostener las inversiones necesarias para mantenerse competitivos. Otros lograron sobrevivir gracias a que también desarrollaban programas de mejoramiento en especies alógamas o a sus actividades en otros países, aunque reduciendo sus inversiones y, consecuentemente, su capacidad operativa en el mejoramiento de especies autógamas a nivel local.

El gran desafío consiste, entonces, en cómo sostener todo este esfuerzo cuando los programas de mejoramiento varietal no reciben un reconocimiento adecuado por su trabajo. Actualmente, se procura avanzar en la modificación de la legislación vigente, incorporando mecanismos que permitan reconocer efectivamente los derechos de los obtentores y retribuir las inversiones en investigación y en desarrollo que hacen posible disponer de las variedades que los productores eligen para sembrar.

La adecuación de la legislación actual puede generar beneficios concretos para el productor, ya que permitirá fortalecer los programas de mejoramiento de especies fundamentales para la agricultura argentina, como soja y trigo, así como de cultivos regionales de gran importancia, entre ellos maní, poroto y garbanzo. Asimismo, contribuirá a promover nuevas inversiones en el mejoramiento de arveja y de lenteja, legumbres que presentan una creciente demanda en los mercados internacionales.

En definitiva, el uso de semilla fiscalizada no solo representa una decisión importante para asegurar la calidad y el potencial productivo de los cultivos, sino también una forma de respaldar la investigación, la innovación y el desarrollo de nuevas variedades. Reconocer y valorar ese esfuerzo es fundamental para garantizar la continuidad y el fortalecimiento de los programas de mejoramiento genético, en beneficio de toda la cadena agroindustrial.