La primera misa multitudinaria del papa León XIV en el Monumento a los Españoles quedó envuelta en una fuerte controversia tras revelarse la existencia de sectores VIP con comodidades exclusivas, catering y áreas de sombra para un selecto grupo de invitados especiales. El montaje de carpas reservadas y ubicaciones de privilegio generó un marcado descontento en redes sociales y ámbitos eclesiásticos, exponiendo una flagrante contradicción entre el mensaje de austeridad y cercanía con los sectores vulnerables que pregona el Pontífice y las prerrogativas de las que gozaron figuras del espectáculo, funcionarios y empresarios, mientras más de dos millones de fieles, religiosos y adultos mayores permanecieron largas horas de pie sobre el asfalto.
Los detalles de este espacio preferencial salieron a la luz a partir de la tarjeta de invitación difundida por Zulemita Menem. El documento establecía un riguroso código de vestimenta que exigía hombros cubiertos, mangas, faldas o pantalones largos y la prohibición expresa de bermudas, musculosas, ojotas o prendas con consignas de carácter político, gremial o publicitario. El protocolo incluía acceso mediante escáneres de seguridad y restricciones severas para elementos cortopunzantes, notebooks, paraguas y bebidas alcohólicas. El tratamiento diferencial fue ratificado por la propia panelista Yanina Latorre, quien relató que su chofer la dejó en el portón directo del corralito exclusivo, y por las publicaciones de la modelo Angie Landaburu desde el sector con refrigerios, lo que provocó la indignación pública de cronistas como Nacho Otero, quien criticó la falta de respeto de "armar un VIP para celebridades y dejar sentadas en el piso a monjas, sacerdotes y abuelos".
La nómina de asistentes en las primeras filas combinó a destacadas figuras del espectáculo y el plano institucional. Entre los presentes en la zona privilegiada se observó a Carolina "Pampita" Ardohain, Valeria Mazza y Alejandro Gravier, Florencia de la V junto a su familia, Analía Franchín y el modisto Gabriel Lage, además de referentes políticos como Patricia Bullrich, Gabriela Michetti, Diego Santilli, Zulema Yoma, los exjefes de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Telerman y Aníbal Ibarra, el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y el procurador bonaerense Julio Conte Grand. En el sector corporativo destacó la presencia del empresario José Luis Manzano, señalado junto a nombres como Daniel Vila, Eduardo Eurnekian y la familia Bulgheroni como parte de los aportantes vinculados a la logística de la visita.
La polémica derivó rápidamente en cruces de responsabilidades sobre el financiamiento y la distribución de las credenciales. Según trascendió, el armado de los listados para los códigos QR de acceso VIP se gestionó a través de organismos nacionales bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia —a cargo de Karina Milei y Mara Gorini— y Cancillería, en coordinación con el Gobierno porteño. Al mismo tiempo, volvió a quedar en el centro del debate la contratación directa de la productora DF Entertainment, cuya propuesta en el sistema estatal COMPR.AR alcanzó los 8.690 millones de pesos para la coordinación general del evento, abriendo interrogantes sobre qué porcentaje del presupuesto público y de las donaciones privadas se destinó al montaje de los cuestionados espacios VIP.