El tránsito en Tucumán y en los principales centros urbanos del país atraviesa una crisis estructural donde la anarquía sobre dos ruedas se ha transformado en una amenaza cotidiana contra la salud pública. En una provincia que ostenta índices alarmantes de siniestralidad vial, las motocicletas protagonizan la abrumadora mayoría de los choques que saturan a diario las guardias hospitalarias. Cruzar semáforos en rojo a plena luz del día, circular a contramano, prescindir del casco reglamentario y retirar los espejos retrovisores han dejado de ser infracciones aisladas para convertirse en costumbres naturalizadas. A ello se suma la temeridad extrema de ver rodados convertidos en precarios transportes familiares donde viajan hasta cuatro o cinco personas -entre ellas niños pequeños sin ninguna protección-, exponiendo vidas a desenlaces fatales en cada esquina.
Esta proliferación desbordada no puede analizarse al margen de una coyuntura económica asfixiante que empuja a miles de ciudadanos hacia el parque de dos ruedas. Ante la escalada inalcanzable de los precios de los automóviles, el encarecimiento constante del transporte público y los costos crecientes de mantenimiento, la moto se consolida como una alternativa más accesible tanto para la compra inicial como para el consumo diario de combustible. Paralelamente, la explosión del comercio electrónico y de las aplicaciones de delivery y mensajería urbana ha convertido a este vehículo en una herramienta de subsistencia laboral para miles de jóvenes que deben recorrer las calles contrarreloj. Sin embargo, la legítima necesidad de movilizarse o de asegurarse un ingreso no puede funcionar como una carta franca para la transgresión sistemática ni justificar el desgobierno en el espacio público.
El costo social de esta indolencia encuentra su reflejo más crudo en las estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y en los registros de traumatología provinciales. A nivel nacional, casi la mitad de las víctimas en siniestros viales son usuarios de motocicletas, y en las provincias del norte esa proporción supera con holgura el promedio general, afectando de manera desproporcionada a varones jóvenes en plena edad productiva. Cada colisión que involucra a una moto sin casco multiplica la gravedad de los traumatismos craneoencefálicos, dejando secuelas neurológicas irreversibles o pérdidas irreparables.
Frente a este escenario de descontrol, el poder de policía del Estado no puede seguir exhibiendo tibieza ni intervenciones espasmódicas. Resulta imperioso abandonar los controles meramente recaudatorios o testimoniales y aplicar operativos de fiscalización rigurosos, sostenidos y coordinados entre los municipios y la Policía vial. La exigencia irrestricta del uso de casco homologado, la verificación del estado técnico de los rodados y la retención inmediata de aquellas unidades que no reúnan los requisitos básicos para circular deben aplicarse sin concesiones. Quien no cumple las pautas mínimas de seguridad no solo pone en juego su propia integridad física, sino que convierte a su vehículo en un proyectil de riesgo para terceros inocentes que transitan por la vía pública.
La reversión de esta patología comunitaria exige una profunda revolución cultural cimentada en la educación vial desde los primeros años de escolaridad. La formación para obtener la licencia de conducir debe transformarse en una instancia rigurosa de instrucción cívica y técnica sobre el riesgo que implica dominar un motor. Ni la crisis económica ni la premura laboral pueden naturalizar la ley de la selva en nuestras calles.