La muerte de Juanita, una bulldog francés de siete años que fue llevada a una veterinaria para recibir un baño y un servicio de peluquería, terminó con una condena judicial de más de $17 millones. En un fallo considerado un antecedente para futuros reclamos por la atención de animales domésticos, la Justicia de Mar del Plata responsabilizó a la empresa y a las personas a cargo del establecimiento por el fallecimiento de la mascota.

La sentencia fue dictada el 7 de abril de 2026 por el juez Bernardo Diez, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 12. La resolución condenó a Miapet S.R.L., firma detrás del comercio Animalia, y a las responsables del establecimiento, Laura Liliana Cubecino y Gabriela Puente, a pagar $17.164.000 a Eva María Patricia Stadler, dueña de la perra, publicó La Nación.

El episodio ocurrió el 17 de enero de 2023, cuando Stadler llevó a Juanita a la sucursal ubicada sobre la avenida Constitución. Según el relato de la propietaria, el animal ingresó al local por sus propios medios y sin presentar síntomas de enfermedad.

Poco después, el personal le pidió que regresara ante una supuesta descompensación de la mascota. Al llegar, encontró a Juanita agonizando en el suelo del consultorio, bajo la supervisión de la veterinaria Gabriela Puente. De acuerdo con su testimonio, la profesional no le brindó la asistencia necesaria para salvarla y la perra murió pocos minutos después.

Qué determinó la Justicia sobre la muerte de Juanita

En su sentencia, el magistrado descartó que una patología propia de los perros braquicéfalos, como los bulldog francés, hubiera sido la causa determinante del fallecimiento.

La necropsia realizada en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires reveló una causa traumática, con lesiones en el cuello y la cabeza.

A partir de esos elementos, Diez consideró que el animal había sufrido las consecuencias de un descuido grave en el sector de lavado. Según el fallo, una posición inadecuada y el uso de arneses habrían provocado una disfunción venosa fatal.

El juez también señaló que los responsables del establecimiento no lograron demostrar la idoneidad del procedimiento utilizado. Por eso, consideró que se incumplió el deber de seguridad previsto en la Ley de Defensa del Consumidor, que obliga a los proveedores a garantizar la protección de quienes utilizan sus servicios.

La resolución, además, puso el foco en la condición de los animales como seres sintientes y en la función afectiva que cumplen dentro de las familias. En ese sentido, reconoció que la pérdida de una mascota puede generar un daño moral que merece una reparación económica.

Cómo se compone la indemnización de $17 millones

De los $17.164.000 establecidos en la condena, $15 millones corresponden al daño moral sufrido por la propietaria. El magistrado consideró la dimensión afectiva del vínculo y las consecuencias de la muerte de Juanita.

El resto de la indemnización incluye el valor comercial del animal, estimado en $1.500.000 según los precios de mercado para un ejemplar con pedigrí, los gastos veterinarios y $364.000 por el tratamiento psicológico que debió realizar Stadler. A esos montos se sumaron intereses calculados a tasa activa hasta alcanzar el total fijado en la sentencia.

Además, el juez ordenó remitir los antecedentes al Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires para que la institución evalúe posibles sanciones éticas o profesionales para los involucrados.

La respuesta de la veterinaria

La veterinaria rechazó las acusaciones desde el comienzo. En un comunicado difundido después del episodio, los responsables del establecimiento calificaron el reclamo como falaz y negaron haber suministrado sedantes a Juanita.

También sostuvieron que la perra había sufrido una descompensación repentina después de recibir los servicios de higiene y que el personal había actuado de manera inmediata.

Sin embargo, la Justicia civil concluyó que el comercio incumplió su obligación de proteger al animal mientras permanecía bajo su cuidado. El magistrado consideró que las fallas en la atención profesional y en las condiciones de seguridad del establecimiento derivaron en una muerte evitable.

La sentencia constituye un antecedente relevante para futuros conflictos vinculados con la responsabilidad de veterinarias y comercios que ofrecen servicios de cuidado e higiene de mascotas en Argentina.