La salida de Flavio Bolsonaro de la Argentina quedó bajo análisis judicial. La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó preservar las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron distintos momentos del ingreso del senador brasileño y su familia al país, así como de su posterior traslado al aeropuerto de Iguazú, desde donde viajaron hacia Estados Unidos.
La medida fue impulsada por la fiscal Paloma Ochoa, quien también solicitó informes a la Cancillería y al Ministerio de Seguridad para determinar si existían alertas, restricciones migratorias o pedidos de cooperación internacional vinculados con la situación judicial de Bolsonaro en Brasil.
Qué imágenes y documentación pidió preservar la Justicia
Capuchetti solicitó a distintos organismos estatales que resguarden los registros correspondientes al 27 y 28 de octubre. Entre ellos, pidió las filmaciones de Migraciones en el paso fronterizo entre las 18 y las 23.30 del 27 de octubre, además de las imágenes de Gendarmería en el cruce Tancredo Neves.
También requirió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la empresa Aeropuertos Argentina que preserven las grabaciones del Aeropuerto Internacional de Iguazú. El pedido incluye imágenes del ingreso de Bolsonaro y su familia, del abordaje de pasajeros y tripulantes y del equipaje que fue trasladado a la aeronave Gulfstream G400, matrícula LV-JQW.
El avión, perteneciente a la empresa Baires Fly, habría despegado a las 23.30 con destino a Guayaquil, Ecuador. La jueza también pidió información sobre los controles migratorios realizados y la documentación exigida para el ingreso y la salida del país.
La denuncia de Marcela Pagano fue desestimada en Misiones
En paralelo, el fiscal federal de Puerto Iguazú, Fabián Martínez, desestimó las denuncias presentadas por la diputada Marcela Pagano y un grupo de abogados. Según su evaluación, no se detectaron irregularidades migratorias en el ingreso de Bolsonaro, su esposa Fernanda y sus hijas Luiza y Carolina a la Argentina.
El fiscal también descartó que se hubiera vulnerado algún mecanismo de cooperación regional y señaló que no existía un pedido de captura internacional contra el senador brasileño. Sin embargo, remitió a los tribunales de Retiro la parte del expediente vinculada con posibles decisiones políticas o con un eventual uso irregular de recursos del Estado.
Pagano cuestionó la decisión y afirmó en la red social X que había recibido denuncias sobre presuntas presiones a efectivos policiales que participaron en la custodia de Bolsonaro. También sostuvo que presentó una denuncia ante la Justicia brasileña.
La investigación todavía no tiene una causa penal formal
En el juzgado de Capuchetti todavía no se abrió una causa penal propiamente dicha. Las medidas dispuestas son preliminares y buscan reunir información para que la fiscal Ochoa determine si existen elementos suficientes para impulsar una investigación.
Las denuncias presentadas en Comodoro Py por el dirigente del Frente de Izquierda Gabriel Solano y el diputado socialista Esteban Paulón apuntan, entre otros funcionarios, al presidente Javier Milei, al canciller Pablo Quirno, a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y al asesor Santiago Caputo.
Entre las posibles figuras penales mencionadas por los denunciantes aparecen encubrimiento, tráfico de personas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
La investigación deberá establecer, entre otros puntos, si se realizaron los controles correspondientes sobre el equipaje y la aeronave. También buscará determinar si hubo intervención de funcionarios argentinos en el traslado de Bolsonaro, quien enfrenta investigaciones judiciales en Brasil.