Un recibo sin membrete por $6 millones en concepto de “100 tarjetas a comer con pollo relleno”, facturas millonarias de empresas de medicina prepaga con listados de personas físicas, el pago mensual de más de $2,4 millones por tres máquinas expendedoras, planillas de Excel sin membrete con agregados a mano y un libro de Bancos que no registra una sola anotación desde mayo de 2017. Ese fue parte del cuadro documental con el que se toparon la jueza en lo Civil y Comercial Común de la XI° Nominación, Inés de los Ángeles Yamúss, y dos funcionarios judiciales al abrir las carpetas, revisar los estantes y compulsar los archivos en la propia sede de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT). Todo a partir de la presentación que hizo la jueza de Menores Ana María Iácono, y sobre la que la Justicia está trabajando.

Lejos de las discusiones teóricas de los escritos judiciales, la inspección ocular realizada en las oficinas del primer piso del Palacio de Tribunales dejó asentado en un acta oficial el detalle físico de los papeles, presupuestos y comprobantes sueltos con los que se respaldan los movimientos financieros de la entidad.  

La medida se concretó el martes, cuando Yamuss se presentó en el local asociativo, ubicado en el mismo Palacio de Tribunales, junto a la directora de la Oficina de Gestión Asociada Civil y Comercial N° 2, Cecilia Chelala, y el prosecretario Patricio Nogueira. La magistrada acudió al lugar tomando la palabra de la propia conducción de la AMT, que el pasado 8 de octubre había ofrecido formalmente la compulsa in situ de sus archivos para demostrar buena fe procesal y evitar el traslado masivo de biblioratos al juzgado.

La comitiva fue recibida por la secretaria administrativa Paola Roxana Ucciardello, quien franqueó el acceso y facilitó la exhibición de las estanterías.

En la primera parte del relevamiento se verificaron los libros societarios: tres tomos de actas de Comisión Directiva (el último con asientos hasta el 6 de octubre de 2026), los registros de asambleas, el padrón con 576 socios, el libro de la Comisión Revisora de Cuentas y el de Inventario y Balances con los estados contables de 2025. La sorpresa surgió al abrir el “Libro Bancos”: el acta judicial dejó constancia de que dicho registro "no se encuentra intervenido", que comenzó a utilizarse en agosto de 2015 y que “la última anotación corresponde al 19/05/2017 (folio 75)”, por lo que permaneció totalmente en blanco durante los últimos nueve años. Al ser consultada por esta situación al cierre del acto, la secretaria se comunicó telefónicamente con el vicepresidente en ejercicio, Jorge Jakobsen, quien manifestó que sólo contaban con la documentación presente en la oficina, mientras que la empleada administrativa refirió que probablemente existían más papeles en poder del contador de la institución.  


Los biblioratos y la carpeta de comprobantes sueltos

Al pasar la vista por las repisas, la jueza Yamúss pidió revisar una serie de biblioratos rotulados con nombres como Farmacia La Unión, ASUNT, UNSTA, Claro, Rubinzal Culzoni, OSDE, AFIP y Personas Jurídicas. Al inspeccionar el interior de cuatro de ellos, los funcionarios verificaron planillas de la Corte Suprema con retenciones hasta mayo de 2026, facturas de la editorial Rubinzal Culzoni y de la telefónica Claro a nombre de la entidad, junto con facturación de las prepagas OSDE y Swiss Medical emitida a nombre de la AMT con anexos que detallan nombres de personas físicas. También se hallaron “planillas de excel sin membrete de asociados, con agregados a mano y descripción de importes”, notas enviadas al tesorero de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) en 2017 y 2019, y una carpeta de Personas Jurídicas cuya última registración databa de 2019.  

El hallazgo más detallado se produjo cuando la magistrada accedió a una carpeta con presupuestos, remitos, recibos y facturas sueltas de gastos variados. Según asentó el acta, allí había comprobantes “con membretes, en papeles simples y algunos a mano sin descripción de la entidad emisora”. Entre los papeles relevados se dejó constancia de un recibo del Hotel Catalinas Tucumán del 4 de junio de 2025 a nombre de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) por catering, salones y alojamiento para el Congreso de Inteligencia Artificial con un pago a cuenta de $4.000.000 y un saldo de $5.000.025; dos recibos comunes a nombre de la AMT de julio de 2025 por $6.000.000 y $1.850.000 para eventos de congresos de familia y niñez; y el llamativo “recibo sin membrete de fecha 29/10/2025 a favor de la Asociación de Magistrados por la suma de $6.000.000 en concepto de pago 100 tarjetas a comer x $100.000 c/pollo relleno”. En ese mismo lote aparecieron copias simples de convenios con farmacias, Swiss Medical y la empresa Claro (por el uso de 16 líneas telefónicas), facturas de OSDE por $1.779.321,27 y de Swiss Medical por $3.665.254,29 y $3.400.000, además de una factura de marzo de 2026 por $2.433.900 por el servicio mensual de tres máquinas expendedoras.  


Cómo se gestó la causa judicial y el frente de los reclamos

Esta radiografía contable en pleno corazón de Tribunales es la consecuencia directa de la demanda de nulidad e impugnación de asamblea que promovió el 22 de julio de 2026 la jueza Penal de Niños, Niñas y Adolescentes, Ana María Iacono, contra la institución que preside Marcela Ruiz (hoy en uso de licencia). Iacono acudió a la Justicia civil tras denunciar que se le impidió revisar las facturas antes de la asamblea del 23 de abril de 2026, plenario en el que se aprobó el balance 2025 a “libro cerrado” a partir de un dictamen de dos párrafos de la Comisión Revisora de Cuentas. En su escrito inicial, la magistrada planteó que la negativa a exhibir los respaldos vulneró el derecho de información societario y formuló reserva de accionar civilmente contra los directivos ante la sospecha de un eventual ocultamiento. En el arranque del proceso, el juez de la I° Nominación, Pedro Yane Mana, había hecho lugar el 2 de octubre a una medida cautelar ordenando a la AMT entregar en el juzgado toda la documentación contable de 2025 en 48 horas bajo apercibimiento de secuestro. Si bien Jakobsen declaró que cumplirían con la orden, la directiva entregó papeles sin el inventario exigido, interpuso un recurso de revocatoria argumentando que el control contable es orgánico y no individual, y recusó sin causa -y en subsidio con causa- a Yane Mana por ser socio activo y haber votado a favor en la asamblea impugnada. Tras el apartamiento del juez, la causa recayó por sorteo en el juzgado de Yamúss.   El relevamiento ejecutado por la jueza toca además varios de los puntos que habían sido cuestionados en paralelo por el juez penal Gonzalo Ortega respecto del balance 2024, período en el que aportó su cuota antes de desafiliarse en diciembre de ese año. A través de sucesivas intimaciones enviadas entre mayo y agosto de 2026, Ortega había exigido explicaciones por gastos de $22.760.206,78 en comestibles y cafetería, pagos millonarios a las prepagas Swiss Medical, OSDE y ASUNT, consumos de farmacia por más de $10 millones, transferencias a la UNSTA por $7.644.565,52 y presuntas irregularidades de mandato entre 2022 y 2024. Aquellos planteos habían sido rechazados por la Comisión Directiva alegando que un ex socio carece de legitimación para auditar cuentas aprobadas y que ventilar nombres de beneficiarios violaría la ley de protección de datos personales, una barrera que ahora quedó formalmente expuesta ante los ojos del juzgado civil.