El 13 de octubre de 2010, Florencio “Floro” Ávalos se convirtió en el primero de los 33 mineros chilenos en regresar a la superficie a bordo de la cápsula Fénix 2. Habían transcurrido 69 días desde el derrumbe que los dejó atrapados a unos 700 metros de profundidad en la mina San José, en la región de Atacama. La operación, seguida en directo por medios de todo el mundo, concluyó con el rescate de los 33 trabajadores y los seis rescatistas que participaron en el descenso.
Aquel episodio marcó un hito en la historia de la minería y convirtió a los trabajadores en protagonistas de una historia de supervivencia de alcance internacional. Sin embargo, el reconocimiento inicial no resolvió todas las dificultades que enfrentaron después. Los problemas para retomar sus vidas laborales, las disputas por la explotación comercial de sus testimonios y los reclamos de indemnización al Estado chileno formaron parte de los años posteriores.
A 16 años del accidente, una nueva producción de National Geographic y las declaraciones recientes de algunos de sus protagonistas permiten volver sobre aquella experiencia y conocer qué ocurrió después de que se apagaran las cámaras.
69 días bajo tierra: el derrumbe que conmocionó al mundo
El accidente ocurrió el 5 de agosto de 2010, cuando un derrumbe bloqueó las vías de salida de la mina San José. Los trabajadores quedaron aislados en el interior del yacimiento y durante los primeros 17 días permanecieron sin contacto con el exterior, mientras sus familias aguardaban noticias en la superficie.
Durante ese período, los mineros tuvieron que racionar las escasas provisiones disponibles. La comida, originalmente prevista para un período mucho más corto, se convirtió en un recurso fundamental para sostenerlos hasta que los equipos de búsqueda consiguieron establecer contacto.
La confirmación de que los 33 seguían vivos llegó el 22 de agosto, cuando los rescatistas encontraron un mensaje escrito en un papel: “Estamos bien en el refugio los 33”. La noticia cambió el rumbo del operativo y abrió una nueva etapa, centrada en diseñar una estrategia para sacarlos de las profundidades.
El rescate comenzó el 12 de octubre y se extendió hasta la madrugada del 14. Mediante la cápsula Fénix 2, los trabajadores fueron trasladados uno por uno hasta la superficie. El operativo, conocido como Operación San Lorenzo, terminó con los 33 mineros a salvo y se convirtió en uno de los acontecimientos más recordados de la historia reciente de Chile.
Después del rescate: los reclamos por el uso de sus historias
La repercusión internacional convirtió la experiencia de los mineros en material para libros, películas y producciones audiovisuales. Sin embargo, la explotación comercial de aquella historia también generó conflictos.
En una entrevista publicada por BioBioChile el 3 de octubre de 2026, Omar Reygadas, uno de los sobrevivientes, cuestionó los resultados económicos que obtuvo el grupo por la película inspirada en el accidente, protagonizada por Antonio Banderas. “Nos estafaron”, afirmó Reygadas al referirse a la falta de pagos que, según su testimonio, recibieron por esa producción. Sus declaraciones recuperaron una de las controversias que acompañaron a los trabajadores después de alcanzar notoriedad mundial.
El minero también explicó que el denominado “pacto de silencio” entre los sobrevivientes tenía como objetivo reservar sus testimonios hasta que surgiera una oportunidad para contar la experiencia a través de un proyecto editorial o audiovisual. La intención, según relató, era evitar que los detalles de lo sucedido se difundieran antes de concretar una propuesta vinculada con su historia.
Las declaraciones permiten dimensionar la distancia entre la repercusión pública del rescate y las expectativas que algunos de sus protagonistas tenían sobre los beneficios que podían obtener de aquel acontecimiento.
El regreso al trabajo y las dificultades para reconstruir sus vidas
La vuelta a la superficie no significó que todos pudieran retomar sus actividades de la misma manera. Después de una experiencia que concentró la atención internacional, los sobrevivientes debieron afrontar situaciones personales y laborales diferentes.
Reygadas contó que volvió a trabajar en la minería después del rescate. Durante un tiempo se desempeñó en una empresa junto a su hijo, pero la actividad terminó cerrando y posteriormente no volvió a incorporarse a un yacimiento.
Su testimonio también refleja la dispersión que experimentó el grupo con el paso de los años. Las obligaciones laborales, los cambios de residencia y las circunstancias personales hicieron que los encuentros entre los 33 fueran cada vez menos frecuentes.
En la entrevista con BioBioChile, Reygadas recordó que la última reunión de los sobrevivientes en la mina había sido el año anterior y que participaron alrededor de 13 o 14 compañeros, en lugar del grupo completo.
El caso de Mario Gómez, el mayor de los mineros rescatados, también ilustra las consecuencias que algunos trabajadores enfrentaron en su salud. Gómez padecía silicosis y fibrosis pulmonar, enfermedades relacionadas con su trayectoria laboral en la minería. Falleció el 21 de septiembre de 2024, a los 74 años.
Las experiencias individuales no fueron idénticas, pero muestran que la historia de los sobrevivientes continuó mucho después de que concluyera el operativo de rescate.
La indemnización del Estado chileno: un reclamo que llegó a la Corte Suprema
Además de las dificultades personales y laborales, los mineros llevaron a la Justicia sus reclamos por la responsabilidad del Estado en el accidente. La demanda cuestionaba las fallas en la fiscalización de la actividad minera que permitieron que la mina San José continuara operando pese a los problemas de seguridad.
En julio de 2023, la Corte Suprema de Chile confirmó la obligación del Estado de indemnizar a 31 de los 33 trabajadores por daño moral. El monto total establecido fue de 1.240 millones de pesos chilenos, equivalente entonces a aproximadamente 1,4 millones de dólares.
La resolución fijó una indemnización de 40 millones de pesos chilenos para cada uno de los beneficiarios, alrededor de US$48.000 al momento de la publicación del fallo. La decisión representó un avance judicial para los trabajadores que habían reclamado durante años por las consecuencias del accidente.
El pronunciamiento, sin embargo, debe distinguirse de la situación efectiva de los pagos: la confirmación judicial de una indemnización no permite afirmar, por sí sola, que todos los beneficiarios hayan recibido el dinero.