La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió no conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) contra la sentencia definitiva que impidió la postulación del ingeniero Sergio Pagani a un tercer mandato consecutivo en el Rectorado. La decisión judicial dejó firme en esa sede el pronunciamiento del pasado 6 de agosto, en el cual se declaró que los artículos 17 y 190 del Estatuto universitario reformado limitan la reelección o sucesión recíproca a "una sola vez", lo que canceló las pretensiones reeleccionistas del binomio oficialista y dejó a la Universidad como única alternativa procesal acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso de queja directa.

La controversia se originó a partir de una acción declarativa de certeza impulsada por los candidatos opositores a rector y vicerrectora, Miguel Ángel Cabrera y Virginia Sara Luz Abdala, con el propósito de despejar la incertidumbre sobre las reglas de juego antes de que se oficializaran las listas. Cabrera y Abdala cuestionaron que Pagani pretendiera encadenar un tercer período ejecutivo consecutivo tras desempeñarse como vicerrector (2018-2022) y rector (2022-2026).

Pese al rechazo inicial de primera instancia, la Cámara Federal revocó aquel criterio, admitió la vía preventiva y dictó una sentencia de fondo que fijó un estándar estricto de alternancia republicana, criterio que luego fue invocado sin éxito procesal en los decanatos de Psicología y Medicina, donde las asunciones ya se habían consumado.  

Al fundamentar la negativa a conceder el recurso, el voto de la mayoría -integrado por los vocales Fernando Poviña, Patricia Moltini y Marina Cossio- descartó que existiera una genuina cuestión federal o que el fallo adoleciera de arbitrariedad.

Los magistrados señalaron textualmente que el planteo de la UNT “carece del contenido necesario para entender que se ha decidido en contra de la interpretación e inteligencia de la ley federal, la Constitución y los Tratados Internacionales, sino que se asienta en la discrepancia acerca de cómo fue resuelta la causa en definitiva”. Asimismo, remarcaron que el pronunciamiento “exhibe suficientes fundamentos fácticos y jurídicos que lo habilitan como acto jurisdiccional válido”, y que la invocación extraordinaria no tiene como función “abrir una tercera instancia donde puedan discutirse decisiones que se estimen equivocadas”.  

La postura mayoritaria también desechó el argumento de la “gravedad institucional” esgrimido por la representación legal universitaria. Al respecto, el tribunal puntualizó que dicha causal no se configura por su mera enunciación, recordando que la jurisprudencia de la Corte Suprema exige acreditar que la solución perjudique de manera directa el funcionamiento general del sistema educativo. En ese sentido, los camaristas expresaron que el tribunal falló “en favor del orden constitucional y del interés institucional”, y que, lejos de comprometer las bases del autogobierno, “no se advierte que la intervención de la Corte tenga otro alcance que el de remediar eventualmente intereses del apelante”, resolviendo además imponer las costas a la casa de estudios por el principio de la derrota.

En sentido contrario, el vocal Mario Leal emitió su voto en disidencia y se pronunció a favor de conceder el recurso para elevar el expediente a la Corte Suprema. En su criterio minoritario, el magistrado consideró que el remedio cumplía con los recaudos de la Ley 48 y del Código Procesal, argumentando que se encontraban en discusión directa “la autonomía y el autogobierno universitarios garantizados por el art. 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, así como el régimen especial de revisión de las resoluciones universitarias establecido por el art. 32 de la Ley N° 24.521”. Leal advirtió que la impugnación excedía una simple discrepancia normativa y planteaba debates constitucionales conducentes sobre "los límites del control judicial sobre competencias propias de una Universidad Nacional”. Para sustentar su postura aperturista, el camarista disidente invocó fallos del máximo tribunal como "Argüello", "Mocchiutti" y "Buttice", en los cuales se habilitó la instancia extraordinaria ante litigios que controvertían actos dictados por universidades públicas. Leal concluyó que la cuestión "excede el interés particular de los candidatos y proyecta sus efectos sobre la autonomía, el régimen electoral y el autogobierno de la Universidad Nacional de Tucumán". Sin embargo, al quedar en soledad frente a la posición de sus pares y encontrarse en uso de licencia el vocal Ricardo Sanjuan, la resolución de la Alzada cerró la vía ordinaria del recurso y dejó ratificada la inhabilitación del ex rector.

Tras la resolución de la Cámara en el caso “Pagani”, la UNT conformó un nuevo cronograma electoral que terminó ungiendo a Sergio Mohamed como rector y a Horacio Madkur como vice.