Primero fue en las tribunas de San Martín. Después, en el barrio La Ciudadela. Luego continuó en una fiesta en Tafí Viejo. Ahora, en las redes sociales. El accionar de dos grupos que están enfrentados desde hace por lo menos dos años genera preocupación entre las autoridades judiciales y policiales. La mayoría de sus integrantes está detenida o procesada y más de la mitad espera ser enjuiciada. Aun así, continúan amenazándose por las redes sociales y mostrando todo su poder de fuego.
El sábado, por pedido del fiscal Mariano Fernández, Jorge Anaya González y Nicolás Vargas fueron procesados por tenencia de armas de guerra e incumplimiento de una orden judicial. Ambos se habrían fotografiado con pistolas Glock con cargadores caracol -que tienen capacidad para almacenar entre 50 y 100 proyectiles- y una ametralladora.
Ricardo Fanlo y Agustín Monteros, defensores de Facundo Ale, que espera ser enjuiciado por haberlos atacado a balazos durante una fiesta electrónica, dijeron que esas imágenes fueron difundidas para amedrentar a su asistido. Este ataque intimidatorio se registró días después de que los profesionales presentaran el testimonio de Rocío Olea. La joven confirmó en su declaración que Javier “Chuky” Casanova, Anaya González y Vargas habían planeado asesinar al hijo de Ángel “El Mono” Ale.
El fiscal Fernández consiguió que un juez autorizara nueve allanamientos para encontrar las armas y detener a los denunciados. Las medidas dieron resultado negativo, pero al día siguiente los buscados se presentaron ante las autoridades. Antes de hacerlo, difundieron una foto en la que aparecen Olea y Facundo Ale con una poderosa arma de fuego.
En una audiencia realizada el sábado, el juez Sebastián Norniella Parache dictó la prisión preventiva de Anaya González y Vargas por 45 días, bajo la modalidad de arresto domiciliario. La medida fue dispuesta porque ambos habrían incumplido las reglas de conducta que les impuso la Justicia por el tiroteo que mantuvieron con Ale en la fiesta electrónica. Al no aparecer las armas, los investigadores reconocen que será difícil sostener la acusación por su tenencia.
“Lo primero que hay que decir es que las pistolas y la ametralladora fueron muy bien logradas con Inteligencia Artificial. Esas armas no existen”, sostuvo Facundo Herrera, abogado de los dos detenidos.
Los defensores de Ale, Ricardo Fanlo y Agustín Monteros sostuvieron que los acusados están llevando adelante un plan para intimidar a nuestro asistido y a otros testigos. “No sólo mostraron su poderío de fuego exhibiendo armas de fuego de alto calibre, sino de haberle propinado una fuerte golpiza en un boliche a uno de los testigos que ofrecimos”, explicaron. “Nosotros no litigamos en los medios filtrando fotos extrañas, presentamos pruebas”, aclararon.
Versiones sobre el origen del conflicto
En un primer momento, se pensó que el enfrentamiento entre estos grupos tenía que ver con una interna por el poder de la barra brava de San Martín. Por un lado, “Chuky” pretendía ser el mandamás de la tribuna; por el otro, Facundo Ale, aliado con Santiago “Cara i’ Gota” Villafañe, enemigo de Casanova y enfrascado desde hace una década en una pelea por el dominio territorial del barrio Oeste II.
Al quedar descartada esa teoría, surgió otra con tintes románticos: Ale y Anaya González se habrían peleado por Olea. La joven fue primero novia de Facundo; después de separarse de él, inició una relación con su contrincante. Luego de finalizar ese vínculo, la joven volvió con Facundo y, tiempo después, declaró en contra de su ex y de Vargas.
“Ese es el verdadero trasfondo de esta historia. Hay una pelea por polleras”, indicó Herrera. Los allegados a Ale sostienen lo mismo. Hoy, según confirmaron fuentes judiciales, la chica vive aterrada por temor a las represalias que pueda sufrir. El fiscal Fernández le asignó una custodia policial, pero ella informó sólo la cuadra donde vive y no el departamento que ocupa por temor a que se filtre su domicilio real.
Para los investigadores, el origen del conflicto sería otro. Por los indicios reunidos y las detenciones que se registraron, creen que ambos grupos están protagonizando una batalla por el dominio territorial del tráfico de drogas.
Un robo y un intento de venganza
Todo habría comenzado en octubre de 2024. Tucumán es chico y los rumores corren rápidamente. Según una versión, Facundo Ale y “Cara i’ Gota” Villafañe se presentaron en una casa de Villa Carmela donde, además de golpear a la dueña, se habrían apoderado de por lo menos cuatro kilos de cocaína. Esa sustancia, siempre según esa versión, habría pertenecido a “Chuky” Casanova y a Walter “Petiso David” Lobos. La víctima nunca dijo qué era lo que le habían robado, pero sí identificó a uno de los autores. La Policía se presentó en el domicilio de Ángel Ale -donde reside su hijo- y secuestró una pistola similar a la que la denunciante había dicho que portaba.
Semanas después, Facundo Ale caminaba tranquilamente por la zona de La Ciudadela cuando sufrió un brutal ataque. Desde una Renault Oroch negra le efectuaron varios disparos. Fue herido, pero sobrevivió. Olea acusó a “Chuky”, Anaya González y Vargas de ser los autores del ataque. En un video que grabaron los agresores, se escucha claramente a uno de ellos decir: “Se trabó la metra”. Se sospecha que se trataría del mismo tipo de arma con el que luego se mostraron los acusados en las redes sociales. Esta causa está siendo investigada por el fiscal Ernesto Salas López.
En diciembre de ese año, en un hecho sin precedentes en la historia del fútbol tucumano, desconocidos colgaron una bandera en la tribuna de San Martín en la que se acusaba a “Chuky” y a “Petiso David” de ser los narcos más importantes de la provincia. Con el tiempo, “El Mono” Ale reconoció que él la había mandado a confeccionar y colocar para realizar una denuncia pública, ya que, según sostuvo, la Justicia no había hecho nada.
Después de ese escándalo, según se comenta en las calles, ambos grupos habrían acordado una tregua. Durante meses no pasó nada, hasta que llegó el 21 de septiembre de 2025. En el Día de la Primavera, en el salón de fiestas La Floresta, Ale, Anaya González y Vargas se enfrentaron a tiros. Los tres fueron procesados y esperan ser enjuiciados. El fiscal Fernández ya anticipó que solicitará que se les impongan penas de cumplimiento efectivo.
Los vínculos narcos
El tiroteo en la fiesta de Tafí Viejo fue un punto de inflexión. A partir de ese hecho surgieron diferentes vínculos con causas vinculadas al narcotráfico, aunque no necesariamente relacionados con la balacera. Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas, murió al chocar con el auto que Facundo Ale había utilizado para llegar al lugar donde se registró el tiroteo. A Anaya González, a quien se le había otorgado el arresto domiciliario porque resultó herido en el enfrentamiento, le secuestraron tres kilos de flores de marihuana en la casa donde debía cumplir la medida.
La balacera también terminó derivando en la detención de otros hombres que no habrían participado del hecho. “Chuky” Casanova, que fue sobreseído en esta causa, fue procesado por tenencia simple de droga porque, durante un allanamiento realizado en el marco de la investigación, se descubrieron 34 gramos de cocaína. Antes de firmar un juicio abreviado por este caso y de que se le concediera el arresto domiciliario, fue acusado en otra causa narco en Jujuy.
Algo similar pasó con “Petiso David” Lobos. Fernández ordenó un allanamiento porque sospechaba que en su casa podían estar escondidas las armas. No las encontraron, pero sí secuestraron marihuana. Cuando estaba detenido por ese hallazgo, el fiscal federal Agustín Chit lo acusó de dirigir una asociación ilícita que se dedicaba al lavado de activos presuntamente provenientes del narcotráfico.
“Cara i’ Gota” Villafañe fue el último de los mencionados en caer. Siempre señalado como aliado de Facundo Ale y mientras se preparaba ante la posibilidad de que a “Chuky” se le otorgara el arresto domiciliario, fue detenido por haber tiroteado la casa de una vecina del barrio Oeste II. En los últimos días fue trasladado al penal de Benjamín Paz.
Sólo queda una cuestión por resolver para que el caso del tiroteo llegue a juicio. Ningún operador judicial se atreve a pronosticar cuál será el final del debate. Sí entienden que el proceso marcará un antes y un después para estos grupos que generan preocupación en la provincia.